La denominada cárcel de máxima seguridad está lista. El Gobierno anuncia análisis del centro.

La cárcel de máxima seguridad que se construyó a base de un convenio entre el Municipio de Guayaquil y el gobierno del ex mandatario Alfredo Palacio, en el 2006, ya está lista.

El régimen de Rafael Correa anuncia un análisis del lugar, pues, según el convenio, la administración de la cárcel iba a estar a cargo de la Fundación Esperanza Solidaria, integrada por miembros de la Cámara de Comercio. 

Ante el distanciamiento del Gobierno actual con el Municipio de Guayaquil y la ruptura de las relaciones entre la Policía y la Corporación de Seguridad Ciudadana, no se conoce cuál será el futuro del nuevo centro penitenciario.

Esta obra se suma a las impulsadas por el Cabildo local, como la central de emergencia del norte, al igual que el sistema Ojos de Águila.

El acuerdo se dio hace poco más de dos años. Fue el 25 de julio del 2006 cuando  los representantes del Gobierno, Policía Nacional, Dirección Nacional de Rehabilitación Social, Municipio, Cámara de Comercio de Guayaquil, Corporación de Seguridad Ciudadana y la Fundación Vida y Esperanza firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de mejorar las condiciones de la penitenciaría de Guayaquil y los internos.

En el documento se establece la construcción de un pabellón  para 144 internos que funcionará  “física y administrativamente” separado de la actual penitenciaría, pero en predios de la Dirección Nacional de Rehabilitación. La idea era impulsar un “proyecto piloto” de una cárcel modelo con miras a replicarlo en Guayaquil y otras ciudades, dice Luis Hidalgo, director de la Fundación (integrada por miembros de la Cámara de Comercio), que ahora se denomina Esperanza Solidaria. 

Esta organización, según el convenio, es la encargada de administrar el nuevo centro, denominado cárcel de máxima seguridad, construido junto a la penitenciaría. Sin embargo, con el nuevo gobierno las cosas cambiaron. Sus directivos están a la espera de la respuesta que reciban del  Consejo de Rehabilitación Social, sobre la posibilidad de administrar el centro de detención.

La estructura del Consejo fue modificada el pasado 22 de julio por la Asamblea Constituyente, al aprobar la Ley de Ejecución de Penas.
Hidalgo refiere que unos 45 días atrás se efectuó el último contacto con el fiscal general, Washington Pesántez, quien encabezaba el Consejo. Asegura que el participó de una reunión donde se empezó a discutir el futuro del establecimiento, pero que no terminó en resoluciones al respecto.

Con los cambios efectuados en Montecristi, el representante del ministerio Público se convierte solo en un integrante del Consejo, con voz pero sin derecho a voto.

Ahora, dicho Consejo -que sesionó por primera vez la semana pasada- está encabezado por el ministro de Justicia, Gustavo Jalhk. Se suman a este cuerpo los secretarios  de Trabajo, de Salud y de Educación, la Defensoría del Pueblo, un delegado del Ministerio Público y de la Función Judicial.

La subsecretaria de Rehabilitación Social, Ximena Costales, dice que el Consejo espera que los encargados de la construcción de la cárcel informen sobre la culminación de la obra, para que se trate el tema de la operación del centro.

Hidalgo refiere que la obra está lista, que en los próximos días (no especifica) se firmará el documento de recepción con la empresa constructora. La inversión de 1,8 millones de dólares fue financiada por el aporte de socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Esta obra se suma a la de la central de emergencia construida en el norte de Guayaquil (junto al Registro Civil Municipal), con el aporte del Cabildo, y donde confluyen organismos como el Cuerpo de Bomberos y la  Cruz Roja para asistir a los ciudadanos, como parte de la dotación que la administración municipal y la empresa privada con el fin de apoyar a la seguridad de la ciudad.

 El distanciamiento entre el Cabildo y el Régimen con relación a la seguridad surgió el pasado 15 de enero, cuando el Gobierno decidió entregar directamente a la Policía los  tres millones de dólares que daba a la Corporación de Seguridad, entidad creada en el 2006, con respaldo del Municipio.

Frente a la ruptura de las relaciones entre la Policía Nacional  y la Corporación de Seguridad Ciudadana, el futuro de esta entidad hasta ahora es convertirse en un centro de transferencia de llamadas a la Policía Nacional en los casos de acciones delictivas.

Una situación similar se produce con el sistema Ojos de Águila que dejó de ser utilizado  por la Policía, pues esta entidad ha anunciado la aplicación de su propio plan de vigilancia mediante cámaras de video.

“Esperamos que se cumpla con lo establecido en el convenio”, dice Hidalgo, en referencia a la administración del centro por parte de la Fundación. La actual Constitución, en el artículo 208, faculta a entes  privados sin fines de lucro a manejar centros de detención, bajo la supervisión del Estado.

No obstante, el texto constitucional aprobado el mes pasado en Montecristi, no incluye esa facultad, al tiempo que destaca en el artículo 202 que “el personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación será nombrado por el organismo de rehabilitación social”.

Hidalgo y Costales coinciden al señalar que esperan que las discrepancias entre el Gobierno y el Municipio  no afecten el funcionamiento de la cárcel. “Si hay posibilidad de entendernos vamos a buscar ese camino”, anota la subsecretaria.

Aseo personal
Cada celda cuenta con colchones y baño con sistemas de drenaje automático que se activa por botones. Los internos recibirán jabones y máquinas de afeitar desechables.

Uniformes
Está previsto dotar a los reos de dos uniformes. Para el invierno, una pantaloneta y una camiseta; para  verano, camisa y un pantalón de tela gruesa. Además tendrán  sábanas y una almohada.

Capacitación
Dentro del centro hay un aula destinada para el desarrollo de programas de capacitación a los internos. Está equipada con televisores.  

Capilla
Un cuarto dotado con bancas de madera será utilizado como oratorio. Según los administradores del centro -hasta ahora- los internos tendrán un horario establecido para cumplir con todas las actividades que se desarrollen en la cárcel.