José Enrique Cuyo Vega es un indígena de Tigua que trabaja en el Mercado Mayorista de Quito y cuyo hermano Mario fue investigado por los dirigentes de su comunidad por supuesto asesinato.

Enrique, de 27 años, dice que junto con su hermano fueron “secuestrados” por los dirigentes de su comunidad que “sin ninguna orden” entraron a la casa de su hermano en el sur de Quito y lo llevaron el pasado 2 de julio por 24 horas a la comunidad para interrogarlo, lo ataron a un poste, le vendaron los ojos, lo bañaron en agua fría y le ortigaron.

El caso fue conocido por el fiscal indígena de Latacunga (nueve fiscalías indígenas ya funcionan en el país), quien los apoyó para que los suelten.

“Ellos (los indígenas de la comunidad) no solucionan nada, nos secuestraron sin orden, eso no debe ser así, debe haber una investigación”, comenta Enrique, quien dice que ahora los dirigentes indígenas que lo hicieron niegan todo lo actuado, pero él tiene pruebas de todo lo que pasó.

Pero el dirigente de la comunidad en el Mercado Mayorista, Juan Chugchilan, niega que la detención se haya hecho sin argumentos.
Todo se hizo a base de un comentario que el principal acusado, Mario Cuyo Vega, hizo en una riña después de una fiesta: “Cuidado que esta semana no más maté a una persona y vos también vas a correr la misma suerte”. Su hermano Enrique dice que eso solo fue una palabra, pero que no es cierto que hayan matado.

Ahora los hermanos Cuyo Vega están a la espera de la resolución de la comunidad, y Enrique afirma –nuevamente– que no está de acuerdo con los procedimientos porque se los acusó sin hacer una investigación previa.

Este es uno de los tantos casos de justicia indígena que suceden todos los días en las comunidades y que pocas veces se hacen públicos.