La Habana no logra detener el flujo de emigrantes que le llega desde las provincias, a pesar de una estricta ley en vigor desde hace 11 años y la devolución de 20.000 de ellos a sus lugares de origen desde el 2006, reportó este domingo el diario Juventud Rebelde.
"Son personas osadas. Se convierten en ciudadanos invisibles ante la ley y ante todo. Como no se pueden incorporar a la economía formal, se quedan en la informal, y venden alguna cosa, ponen en su casa un tallercito", explicó Miguel Coyula, arquitecto del Grupo de Desarrollo de la Ciudad.
El problema llega ya a 46 asentamientos ilegales, "llega y pon", en la periferia de la ciudad de 2,2 millones de habitantes, cuyos servicios básicos (acueducto, electricidad, gas, teléfono) colapsaron hace años, y ahora reciben una millonaria inversión.
Esa situación se suma el grave déficit habitacional de la capital cubana y el deterioro de sus inmuebles, después de más de 15 años de crisis económica. Actualmente se aplica un programa estatal para enfrentar ambos problemas, pero resulta insuficiente, según las propias autoridades.
Juventud Rebelde visitó uno de esos asentamientos, Las Piedras, donde habitan unas 2.000 personas en chozas levantadas con materiales de desechos, sin calles, hacen conexiones ilegales de electricidad y toman el agua de una red cercana al lugar.
"Antes la gente iba del campo al municipio, de ahí a la cabecera provincial, y por último hacia otra provincia. Hoy vienen del campo directo para acá, sin sitios intermedios. Y la vida prueba que no hay decreto que los contenga", dijo Rosa Oliveras, psicóloga del Grupo de Desarrollo de la Ciudad.
Rita Linares, estudiante universitaria dijo al periódico que sus compañeras de provincias, que están becadas en La Habana, no quieren irse cuando se gradúen. "Dicen que pa' atrás ni pa' coger impulso", señaló.
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