Bradley Harrison manejaba de Vancouver a Toronto en el 2004 con 35 kilos de cocaína en la maleta, cuando un oficial de policía lo paró, encontró las drogas y lo arrestó.
Un año y medio más tarde, un juez de Ontario falló que la conducta del oficial fue una violación “descarada y flagrante” de los derechos de Harrison. La explicación del oficial por parar y revisar a Harrison, una confusión sobre una placa, había sido inventada, señaló el juez, y la revisión “definitivamente no fue razonable”.
En Estados Unidos, eso habría sido una buena noticia para Harrison. Bajo la regla de exclusión del sistema legal estadounidense, la evidencia habría sido suprimida como resultado de una revisión ilegal.
Pero tanto el juez de proceso canadiense como un tribunal de apelaciones se negó a excluir la evidencia. Harrison fue sentenciado a cinco años en prisión.
“Sin minimizar la seriedad de la conducta del oficial de policía o en ninguna forma condonarla”, dictaminó la Corte de Apelaciones de Ontario en el caso de Harrison, en febrero, “la exclusión de 35 kilos de cocaína, con un valor en la calle de varios millones de dólares y el potencial de causar angustia y dolor terribles a muchos, desprestigiaría aún más la administración de justicia que su inclusión”. El caso actualmente se encuentra ante la Suprema Corte canadiense.
Estados Unidos es el único país que ha tomado la postura de que cierta conducta errónea por parte de la policía debe automáticamente resultar en la supresión de evidencia física. La regla se aplica sin considerar la gravedad del crimen o el peso de la evidencia.
“Los países extranjeros han rechazado categóricamente nuestro enfoque”, expresó Craig M. Bradley, experto en derecho penal comparativo en la Universidad de Indiana. “En todos los demás países, le toca al juez del proceso decidir si la conducta errónea de la policía ha alcanzado el grado de requerir la exclusión de pruebas”.
Sin embargo, hay señales de que algunos jueces de la Suprema Corte podrían estar listos para reconsiderar la versión estadounidense de la regla de exclusión. Al expresar la opinión de la mayoría de los jueces de la corte hace dos años, el juez Antonin Scalia señaló que al menos cierta conducta inconstitucional no debería requerir “el recurrir al remedio masivo de suprimir la evidencia de culpabilidad”.
La corte tendrá la oportunidad de aclarar las cosas. Los jueces oirán argumentos el 7 de octubre sobre si metanfetaminas y un arma pertenecientes a Bennie Dean Herring, de Brundidge, Alabama, deberían ser suprimidas porque los oficiales que realizaron la inspección creían erróneamente que tenía una orden de arresto pendiente como resultado de un sistema de registros negligente.
En otras partes del mundo, los tribunales han rechazado la exclusión automática de evidencia incorrectamente recabada.
Australia también emplea una prueba de equilibrio. Considera la seriedad de la conducta errónea de policías, si sus superiores la aprobaron o toleraron, la gravedad del crimen y el peso de la evidencia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, institución notablemente liberal, se negó en el 2000 a requerir la supresión de evidencia obtenida de manera ilegal.
Algunos especialistas en derecho penal comparativo afirman que la naturaleza descentralizada de la impartición de justicia estadounidense, con miles de departamentos de policía locales, requiere un enfoque más riguroso y consistente a la disuasión de conducta errónea. Los sistemas de impartición de justicia en Canadá e Inglaterra, por contraste, son menos fragmentados y pueden ser sujetos a una disciplina más estricta.
No siempre es así. El oficial que detuvo el auto de Harrison, en Ontario, pensó que el vehículo debía tener una placa delantera, aún cuando el auto era de la provincia canadiense de Alberta, que no requiere una. Los partidarios de la práctica estadounidense afirman que sólo una aplicación estricta de la regla de exclusión puede hacer frente a violaciones a la Cuarta Enmienda, que prohibe inspecciones e incautaciones no razonables.
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