Imaginemos, por un instante, que usted es el presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir, sentado en Jartum y probablemente destinado a enfrentar cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad formulados por el Tribunal Penal Internacional, por el derramamiento de sangre ocurrido en los últimos cinco años, en Darfur.
Está viendo noticias internacionales y, de pronto, aparece en la pantalla nadie menos que Radovan Karadzic, el tristemente célebre líder serbiobosnio detenido tras 13 años de clandestinidad y a punto de ser enviado ante el tribunal respaldado por las Naciones Unidas, en La Haya, por cargos de crímenes de guerra.
¿Cómo reacciona, señor Bashir? A) ¿Lo pone este atisbo a su propio futuro sumamente nervioso y decide enmendarse, al hacer lo que la comunidad internacional le ha pedido: firmar un acuerdo de paz y permitir la entrada a Darfur de los cascos azules?
B) ¿O sólo se siente levemente nervioso, piensa que tiene otras opciones a su disposición y decide que bien podría olvidarse del tratado de paz y dar a los Janjaweed aún más libertad para atacar a civiles e incluso a unos cuantos trabajadores humanitarios?
Los dos casos de crímenes de guerra de julio —primero, Bashir se entera de que un fiscal ha solicitado una orden para su arresto y, luego, Karadzic es detenido en Belgrado, Serbia— provocaron reacciones muy diferentes de la comunidad internacional. La razón podría radicar en las dos alternativas ofrecidas a Bashir en nuestra hipótesis inicial.
Salvo unos cuantos serbios muy nacionalistas, fue aparentemente general el regocijo por el arresto de Karadzic, culpado de la matanza de Srebrenica, en la que musulmanes bosnios fueron masacrados en 1995. Sin embargo, curiosamente, la solicitud de una orden de arresto contra Bashir por Luis Moreno-Ocampo, fiscal del Tribunal Penal Internacional, fue recibida con ambivalencia. Gary Bass, profesor de la Universidad de Princeton, en Nueva
Jersey, y autor de un libro en torno a las políticas de los tribunales para crímenes de guerra, indicó que a los defensores de los derechos humanos les preocupa que, una vez formalmente acusado, Bashir podría considerar no tener más opción que proseguir con la guerra; si contribuye a la paz, como quiera podría terminar en La Haya.
“Desde una perspectiva de derechos humanos, ¿qué es más importante?”, pregunta Bass al respecto. “¿Lograr justicia para las personas que han sido victimizadas o impedir que más personas lo sean en el futuro?”
Los defensores de la justicia a nivel internacional indican que el argumento consistente en no indiciar a un individuo mientras no termine un conflicto es falaz. “Lo que no toman en cuenta es la manera en que una acusación formal modifica los términos del debate interno”, explicó John Norris, director ejecutivo de Enough, grupo que busca poner fin a los genocidios.
“El hecho de que la comunidad internacional alce la voz y diga: ‘Este tipo es reprensible y no vamos a hacer negocios con él’ es una cosa de peso”.
Norris trabajó para el Departamento de Estado estadounidense durante la Administración Clinton.
Relató que se encontraba en negociaciones en Moscú, en 1999, en el momento en que las fuerzas de la OTAN bombardeaban Serbia, cuando se dio a conocer la noticia de que el presidente serbio, Slobodan Milosevic, había sido inculpado de crímenes de guerra.
De acuerdo con Norris, los negociadores rusos “consideraron esta acción como un verdadero desastre”. Alega, no obstante, que no modificó los cálculos de Milosevic. De hecho, éste cedió a las exigencias de la OTAN una semana después, cosa que puso fin a la guerra.
¿Por qué? Por un lado, Milosevic había soportado una feroz campaña de bombardeos. Por otro, consideraba, con justa razón, que disponía de otras opciones. De hecho, sólo se vio obligado a entregarse a las fuerzas de seguridad yugoslavas dos años después de haber sido inculpado y después de haber perdido las elecciones, en el 2001.
Fue luego puesto bajo custodia de las Naciones Unidas y posteriormente trasladado a La Haya, donde falleció hace dos años, antes de que culminara su juicio.
El caso de Karadzic resulta aún más impactante. Luego de que finalizara la guerra en Bosnia, en 1995, vivió prófugo durante 13 años. No fue sino hasta que Serbia eligió a un nuevo Gobierno más interesado en ingresar a Europa que en el nacionalismo, que las autoridades detuvieron al líder serbobosnio.
Esos casos sugieren que uno de los beneficios de las inculpaciones por crímenes de guerra tiene menos que ver con lograr justicia que con ayudar a configurar el comportamiento de posguerra de un país: sus nuevos líderes podrían necesitar una forma de reanudar relaciones con el mundo exterior.
Bass expresó que, si bien no estaba seguro de que las acusaciones de crímenes de guerra siempre fueran recomendables durante un conflicto, le parecía que a veces envalentonaban a la oposición de un país, lo cual dificultaba el reinado de un tirano. Y, agregó, también constituyen un argumento a favor de la justicia.
“¿Acaso el hecho de descubrir la verdad no significa algo?”, preguntó al respecto.
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