Unos 90.000 escualos fueron desembarcados en el país de septiembre a junio pasados.

Aún no amanece pero un grupo de hombres se acomoda las bastas de los pantalones por encima de las rodillas para internarse al frío mar del verano costeño, en la playa de Tarqui (en el norte de Manta).

Rápidamente ingresan para alcanzar una panga (pequeña embarcación de motor) repleta de lo que pescadores y comerciantes conocen como tollos o tiburones.

La escena se repite a diario en la playa de Tarqui, el punto costero del país donde se desembarca hasta el 90% de los escualos que capturan barcos ecuatorianos, según cifras que maneja la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.

Más tarde, poco después del  amanecer, arranca el comercio de los tiburones. Los interesados llegan  de distintos sitios del país en busca de las aletas o el cuerpo que son separados en la playa.

Las partes se colocan en hilera o una sobre otra en la arena, al pie del mar, hasta donde ingresan  camionetas o camioness acondicionados con frigoríficos para llevar la carga.

Es jueves. Es el día preferido por Maritza Gómez para comprar tiburón con el que preparará el cebiche que expende  en su natal Puerto Bolívar.

El grueso del negocio que aumentó en el país desde que se  emitió el decreto ejecutivo 486 (en julio pasado)  está en el juego de cuatro aletas que los pescadores venden a unos $ 38.

Este precio se incrementó  porque antes de la disposición gubernamental, cuando estaba prohibida la comercialización, el costo del juego de aletas era de  $ 10, ya que  se comercializaban por contrabando a través de Perú o Colombia,  según cuentan pescadores y autoridades de pesca.

Con el decreto empezó el conteo de tiburones declarados como captura incidental, una regulación que, según ambientalistas, permite la depredación de la especie.

El subsecretario de Recursos Pesqueros, Guillermo Morán, está convencido de que los decretos ejecutivos 486 y  902, emitidos (en febrero pasado) como complemento, darán la pauta para crear un plan sostenible de explotación del recurso tiburón.

El proyecto se elabora en función del análisis de los datos recopilados por los 35 inspectores  que, en 16 puntos de la Costa del país,  se encargan de verificar el número de tiburones que se desembarcan. Ellos detallan en ‘guías’ (documentos de registro) el tipo de especie, tamaño y  peso.

Aunque en primera instancia  defendieron la captura  de los escualos  de forma incidental, las autoridades hablan  ahora de la aplicación de un periodo de veda, para evitar que ciertas especies de tiburones sean capturadas en áreas específicas del Pacífico.

Según estadísticas de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, desde septiembre pasado cuando se empezaron a contabilizar los desembarques hasta junio último   aproximadamente 90 mil tiburones de distintas especies fueron declarados como pesca incidental.

Entre enero y marzo de este año se desembarcaron 18.675, mientras que entre septiembre y diciembre del 2007 se capturaron 52.217 porque estos meses se los considera como temporada alta porque las especies de tiburones abundan, por lo que, argumentan los pescadores, se vuelve más probable que los escualos queden atrapados en las artes de pesca.

Solo en la playa de Tarqui se desembarcan unos 300 tiburones al día. Allí los juegos de aletas se venden al mejor postor.

Los involucrados reconocen lo lucrativo del negocio. “Es bueno, solo hay que contar con los recursos. Algunas veces me he hecho hasta $ 300 diarios por la venta de estas aletas, aunque no siempre, pero ahí vamos”, explica Javier Delgado,  habitante de la parroquia Los Esteros, quien ha dedicado 21 de los 42 años que tiene en el  negocio.

Los guías o inspectores de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros se convierten en testigos del remate, aunque son parte del Plan Nacional de Acción para Conservación de Tiburones, que ejecuta el Gobierno.

Adriana Cevallos, de 23 años, fue una de las escogidas para las labores de inspección. “Hacemos un monitoreo biológico de cada especie; al menos aquí en la playa de Tarqui las que más llegan son el tiburón aguado  (Prionace Glauca);  los rabones  (Alopias pelágicos)  y el tollo mico  (Carcharimos palciformis)”, refiere la funcionaria.

Precios
La regularización de precios conlleva a que el negocio en torno a las aletas  prospere. “Por un juego de aletas se paga entre $ 30 y
$ 38”, revela el comerciante Dimas Zambrano.

Problemas
Martha García, una de las inspectoras, reconoce que a veces los controles generan inconvenientes, sobre todo, al momento de cancelar el dólar  por cada tiburón que se comercializa.

Control
Unos 35 inspectores de pesca laboran en puntos de desembarque de especies a lo largo de la costa del país instalados en las localidades de San Lorenzo, Esmeraldas, Muisne, Matal, Bahía, Puerto López, Manta, San Pedro, San Pablo, Santa Rosa, Anconcito, Playas, Puná, Guayaquil, Puerto Bolívar y Hualtaco.