La defensa de la joven que denunció haber sido violada por un guardia de la Metrovía presentó el pasado lunes una impugnación al dictamen de la fiscal Alexandra Castro, en el que ella acusó como autor del delito al custodio Carlos Figueroa.

Según Franklin Moreno, abogado de la perjudicada,  Figueroa no es el único culpable de este delito, sino la guardia Patricia del Pilar Rubio Gurumendi; Fernando Cucalón, representante de Arseg; y Leopoldo Falquez, gerente y presidente de la Fundación Metrovía, respectivamente. Estos tres últimos participaron en calidad de encubridores, afirma Moreno.

“El delito no se reduce solo  a la violación de una persona sino que se engendra en la deficiencia de un servicio público”, argumenta Moreno, quien señala que el 14 de este mes se realizará la audiencia, donde el juez 9º de lo Penal, Aquiles Dávila, decidirá si acoge el pedido.

Mientras, la fiscal Castro sostiene que los representantes de Arseg y la Metrovía no tienen una responsabilidad penal, sino civil. “Al final del juicio, la parte afectada podría establecer una demanda por atentado contra los derechos humanos”.

En tanto, la perjudicada exige sanciones para estas dos entidades, las cuales  evadieron su responsabilidad en este caso. “Cuando mi denuncia se publicó en los medios ellos me llamaron y querían imponerme su abogado, pero yo ya tenía uno, si querían ayudarme debieron aceptarlo”, dice la joven, quien señala que su situación económica está en crisis por los gastos del juicio y del tratamiento psicológico que ha pagado aun sin tener trabajo estable.

“Yo denuncié mi caso porque de verdad quería que la seguridad mejore, pero la situación en la Metrovía sigue siendo la misma”, expresa la víctima.

Los representantes de Arseg y la Metrovía aseguran que fue la afectada quien no quiso recibir su colaboración. Además, señalan que después de esa denuncia se incrementó la supervisión de los guardias en las paradas y terminales.