Solo un juicio, cuya sanción va de seis meses a cinco años, se sustancia contra Carolina Cabrera, hija del notario que captó millones de dólares en depósitos en Machala y originó una serie de procesos penales donde predominó la impunidad. Hoy, hasta los depositantes se acusan y demandan entre ellos.

Era el 11 de junio del 2005. Machala tenía un punto de atención económica en la Notaría Segunda del cantón, ubicada a media cuadra de la Corte Superior de Justicia. Decenas de personas acudían allí, como lo hacían desde hace cinco años, a depositar dinero para recibir intereses de hasta el 10% mensual.

El mismo día, el notario José Cabrera Román rendía su versión ante el fiscal de la Unidad Antinarcóticos de Pichincha, Wilson Toainga, quien investigaba los altos movimientos financieros del personaje, especialmente en el Banco del Austro, que hacían suponer un presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El hombre a quien algunos machaleños lo aclamaban como su socio y protector, explicaba que su fortuna provenía de herencias, negocios, empresas agrícolas y de construcción. Y de la captación de dinero.

En su declaración, parte de una indagación que tenía carácter de reservada pero que las autoridades de la Fiscalía de El Oro revelaran meses después, dijo: “Mis hijos (José y Carolina Cabrera Román Gallardo) tienen una oficina de captación de valores, ubicada en este mismo edificio (Notaría), por la que se les paga (a los depositantes) los intereses legales y dicho dinero se utiliza para reinversiones”.

Esa investigación fiscal no prosperó, pese a que el negocio ilegal de captación de dinero era conocido en Machala y con clientes en todo el país. Cabrera siguió con su actividad aunque pensaba en su retiro, hasta que el 25 de octubre murió en Quito, en una noche de sexo, alcohol y drogas con una joven de 18 años, según el informe forense, dando origen a una serie de líos y una maraña de procesos legales que terminaron con la absolución de los acusados. Solo subsiste uno.

La declaración de José Cabrera es ahora una de las tantas pruebas con que cuenta la Fiscalía para incriminar a la hija de este, Carolina Cabrera Gallardo, deportada el jueves pasado desde Venezuela y presa en Quito.

Ella y su hermanó José habían declarado públicamente que se harían cargo del negocio de captación de dinero luego de la muerte de su padre, no obstante, ambos huyeron hacia Estados Unidos el 10 de noviembre del 2005. Los depositantes, indignados, asaltaron y saquearon las oficinas de la Notaría entre el 11 y 12 de noviembre del 2005. Se estima que eran 30 mil los depositantes, entre magistrados de la Corte, funcionarios de la Fiscalía, políticos, policías, militares y ciudadanos comunes, que no pudieron recuperar  sus aportes. Un grupo de iracundos depositantes profanó días después la tumba del notario para comprobar si la muerte no era un invento. Los dirigentes dicen que ahora, con Carolina detenida, esperan cobrar su dinero.

Sin embargo, el presidente de la Corte de Justicia de Machala, Jorge Benavídez Estrella, aclara que eso es mentira, que el proceso simplemente es para sancionar por un posible delito.

Pese a que el denominado caso Cabrera dio origen a siete juicios y dos indagaciones previas, con José y Carolina Cabrera como principales acusados en siete de ellos, solo un proceso está vigente. Los otros terminaron con sentencias absolutorias en la mayoría de los casos.

La hija del notario, que tras huir a Estados Unidos se radicó en Venezuela hace dos años, según informes entregados en la Fiscalía por abogados de los depositantes, puede incluso recuperar su libertad mediante el pago de una caución.

El delito que se le imputa a ella y su hermano es la violación del artículo 221 de la Ley de Instituciones Financieras, por captar dinero en forma ilegal sin permiso de la Superintendencia de Bancos. La sanción la establece el artículo 563 del Código de Procedimiento Penal que determina para el culpable la prisión de seis meses a cinco años y multa de 8 a 156 dólares.

Además, el caso es susceptible de fianza. El presidente de la Corte y la ministra fiscal de El Oro (e), Lucy Blacio, reconocen que Carolina Cabrera puede solicitar se le fije una caución y salir de la cárcel, “porque es un derecho que lo establece la ley y no se lo puede negar a nadie”, según el magistrado.

Hace más de un año, los hermanos Cabrera habían pedido se les fije una fianza de 10 mil dólares, a lo que el juez no dio paso. El proceso, que lo inició en diciembre del 2005 el ministro fiscal René Ormaza, estuvo paralizado porque los inculpados estaban prófugos.

En febrero de este año se conoció sobre el paradero de Carolina en Venezuela (vivía en Puerto La Cruz). Harry Álvarez, abogado de un grupo de depositantes, dio a conocer un documento de la Embajada de Estados Unidos donde se informaba que ella salió hace dos años con rumbo a Caracas.

El presidente de la Corte, que está en el cargo desde abril pasado, refiere que en mayo él conoció del paradero de Cabrera y esperaba que la Cancillería tramitase la deportación.

El ex fiscal Ormaza, quien inició cinco procesos contra los Cabrera, afirma que ojalá Carolina declare lo que sabe. “Que hable y diga qué pasó durante los diez días después de la muerte del notario; a quiénes pagó, porque había gente poderosa que cobró; que diga a quiénes prestó dinero el notario”.

Ormaza, quien ahora se dedica al libre ejercicio y la docencia, indica que recibió amenazas de muerte y presiones para no continuar con el caso. Dice que todo lo actuado por los ministros fiscales que le sucedieron (Carlos Vera Chávez y Lucy Blacio) es ilegal. Si el fiscal general Washington Pesántez toma en cuenta aquello, se podrían reiniciar los procesos, argumenta.

El encargo a Ormaza por parte de la entonces fiscal general Cecilia Armas señala que durará hasta que se designe al titular de la Fiscalía Distrital. El ex fiscal sostiene que, según la ley, no puede haber otro encargo, pero hasta ahora van dos.

Carlos Vera Chávez, a quien Armas encargó la Fiscalía en vez de Ormaza en el 2006, estuvo a cargo del ministerio fiscal entre el 7 y 18 de noviembre del 2005 “y no hizo nada para evitar el saqueo de la Notaría y la fuga de los hermanos Cabrera”, afirma Ormaza, quien además lo acusa de no haber sustanciado los procesos para la absolución de los inculpados en todos los juicios.

Vera, actual fiscal antinarcóticos de El Oro, se niega a dar declaraciones de prensa porque no cuenta –dice– con autorización de sus superiores-. Lucy Blacio, la ministra fiscal encargada en la actualidad, asevera que ella no conoció los procesos y ahora impulsa el único proceso.

Una de las indagaciones abiertas contra los hermanos Cabrera es por lavado de activos, proceso que está frenado porque la Ley de Lavado de Activos entró en vigencia después de que se registraran los hechos relacionados con la captación de dinero.

Los depositantes organizaron comités y se disputan algunos bienes.
Incluso entre ellos tienen conflictos. Por ejemplo, Fernando Pazos, dirigente de un grupo de discapacitados, tiene un llamado a juicio por supuestamente haber falsificado firmas para indicar que repartió unos $ 200 mil, parte del dinero recogido en el saqueo y que después desapareció de las bodegas de la Policía pero se lo recuperó y por decisión judicial se destinó a  depositantes discapacitados.

Los juicios

Enriquecimiento ilícito
Fueron involucrados por el ministro fiscal René Ormaza, en diciembre del 2005: José y Carolina Cabrera Gallardo, Narcisa Anchundia, Tania González y Rafael Vásconez. Otras 20 personas, empleados de la Notaría y allegados a José Cabrera, fueron involucradas pero luego absueltas.
La audiencia preliminar de juzgamiento se realizó el 27 de noviembre del 2006 y la Presidencia de la Corte de Justicia de Machala declaró el sobreseimiento definitivo (absolución) de los acusados. Hubo una apelación pero la Sala de lo Penal de esa Corte confirmó el dictamen. Actuó como acusador el ministro fiscal (e) Carlos Vera y dictaminó José Rosales, ministro interino de la Corte Superior.

Lavado de activos
Contra José y Carolina Cabrera, Narcisa Anchundia y Tania González. Instrucción fiscal con dictamen acusatorio emitido por el ministro fiscal René Ormaza.
La audiencia preliminar se dio el 28 de julio del 2006 cuando se dictó auto de llamamiento a juicio contra todos los involucrados. El 17 de octubre del 2006, la Sala de lo Penal de la Corte, por pedido de la defensa, declaró la nulidad de 97 de los 103 cuerpos del proceso y volvió al estado de instrucción fiscal. Intervinieron los ministros jueces de la Corte Gabriel Izurieta, Simón Fernández y Germán Carrión. A la actual ministra fiscal (e), Lucy Blacio, le corresponde reactivar el proceso.

Delito financiero
Contra José y Carolina Cabrera Gallardo, iniciado por el ministro fiscal René Ormaza. Es por captar dinero ilícitamente y por estafa.
La Corte de Machala confirmó el llamamiento a juicio el 17 de octubre del 2006. Como los involucrados estaban prófugos, con base al artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, se ordenó la suspensión del proceso. Era ministro fiscal Carlos Vera; actuó como acusador;  Efraín Zambrano, presidente de la Corte, lo sustanció. Con la captura de Carolina Cabrera el juicio se reactiva. Actúan: Lucy Blacio, como ministra fiscal (e), y Jorge Benavides, como presidente de la Corte Superior de Machala.

Peculado
Contra  el Crnel. Óscar Jácome Fraga y el Tcrnel. Pablo López Chávez, miembros de la FAE a quienes se acusó de haber permitido el uso de un avión del Estado para el viaje de acreedores de Cabrera el día del saqueo.
Salieron libres por el pago de caución de $ 10.800 cada uno, dispuesto por Gabriel de Los Reyes, presidente de la Corte. Inicialmente estaban involucrados civiles y miembros de la FAE: mayor Oswaldo Espinoza; tenientes Carlos Córdova Jaramillo, Iván Bolaños Ramírez, Carlos Sánchez Bravo y Byron Pardo González. Germania Padilla, Manuel Córdova, mayor Fabián Duque y su esposa Ana González; sargentos César Rivas y Kléber Sanmartín; cabos Jorge Icaza, Wilson Romero; el suboficial Mario Pérez y el mayor Mauricio Paredes. Ellos están libres porque la Fiscalía no los acusó.
El 20 de abril del 2007 la Corte Superior de Machala declaró la nulidad de parte del proceso contra los dos oficiales y dispuso su reenvío a la Fiscalía. Al momento hay un dictamen abstensivo (no acusa) de la Fiscalía, porque la Contraloría no halló indicios de responsabilidad penal. Está pendiente el dictamen.

Robo agravado
Implicados  con orden de prisión, por el saqueo a la Notaría: mayor de la Policía Édison Sampedro, Tcrnel. del Ejército Mario Miño Razo, mayor del Ejército Patricio Rosas Grandes, sargentos  Telmo Landi Pesantes y Julio Ramón Armijos; sargento de Policía Hugo Ramírez Murillo, cabo del Ejército Ángel Zumba Villarroel y Marcelo del Pozo.
También estuvieron involucrados los siguientes miembros de la FAE: Crnel. Óscar Jácome Fraga, Tcrnel. Pablo López Chávez, mayor Oswaldo Espinoza, teniente Carlos Córdova, mayor Fabián Duque, sargentos César Rivas y Kléber Sanmartín, Jorge Icaza Tumbaco y mayor Mauricio Paredes. Además el coronel Milton Martínez Chamorro. Ellos están libres porque el ministro fiscal (e) de El Oro, Carlos Vera, no los acusó y el presidente de la Corte, Germán Carrión los sobreseyó.

Hurto agravado
Implicados:  Iván Bravo Carrión, Jorge Álvarez Aguilar y Eddy Sánchez Garófalo. Miembros de tropa de la Policía, dados de baja por el saqueo. Son dos procesos.
La Sala de lo Penal, presidida por Gabriel Izurieta, cambió la figura, en agosto del 2006, de robo agravado por hurto.

Delito contra la propiedad
Contra Crnel. Washington Barclay, Patricio Gusqui, José Lúa y Vladimir Álvarez, miembros de la Policía. Carlos Vera, ministro fiscal (e) emitió dictamen acusatorio. El presidente de la Corte de Machala, Efraín Zambrano, llamó a juicio a los tres últimos y pidió se dirima competencia por Barclay, el 18 de julio del 2007. Se apeló y está ahora en la Sala Penal de la Corte.

Otros
Hay dos indagaciones previas en la Fiscalía de El Oro, por enriquecimiento ilícito y presunto lavado de activos contra José y Carolina Cabrera Gallardo.