Personal liquidado  hizo propuesta a esta entidad, que les exige devolver dinero para que retornen.

El directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) analizará la próxima semana una propuesta presentada por ex funcionarios de la entidad, a quienes la Secretaría Anticorrupción dio plazo hasta ayer para devolver las indemnizaciones que recibieron por despido, pues a su criterio se pagaron indebidamente.

El planteamiento, expuesto por escrito en Quito, se informó, consiste en que se garantice a este personal (237 ex empleados) retornar a sus labores bajo las mismas condiciones económicas en las que venían trabajando hasta el 16 de junio, cuando se los liquidó.

Sobre la devolución de los fondos, sin embargo, no hubo una propuesta específica, pues los ex trabajadores defienden como legales los pagos recibidos; aunque sí hubo sugerencias como que se les dé facilidades para cancelar o se les haga descuentos parciales.

En la AGD en Guayaquil, donde laboraban alrededor de 120 despedidos, mientras tanto, ayer se realizó una reunión con Carlos Bravo, gerente general, quien llegó a esta dependencia a las 11:00. Mientras un grupo aguardaba en el mezanine del edificio, cinco delegados dialogaban con él en otro piso.

Otros ex funcionarios, en cambio, esperaban en los exteriores del edificio. Uno de ellos, que prefirió no dar su nombre, explicó que en su caso difícilmente podrá devolver el dinero, pues con eso pagó una deuda adquirida por los gastos de enfermedad de su esposa, que padece de cáncer.

Otro, a su vez, se quejó de que no hay garantías de que se los reintegre a sus funciones como se les ha ofrecido a cambio de entregar las indemnizaciones. Primero, porque los bancos están en liquidación y no se requerirán muchas personas; y segundo, porque ciertos puestos ya fueron reemplazados.

Dentro de este caso, la Fiscalía, que abrió un proceso de indagación previa, convocó para la próxima semana a comparecer a Marcel Romero, ex gerente de la AGD, a quien el jueves pasado la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, responsabilizó de ser quien permitió la salida de los 237 empleados y por ende de la paralización de la institución.

Romero, al respecto, dijo a este Diario que su actuación estuvo enmarcada en la ley. “Yo debía culminar un proceso que ya se había iniciado. Este empezó a raíz de que la Junta Bancaria mandó de manera súbita a la liquidación a los bancos”.

Explicó que los empleados habían sido notificados con la terminación de sus relaciones de trabajo por los administradores, y las posibilidades legales eran: pagar como manda la ley o no pagar, pero atenerse a demandas o posibles juicios.

Como abogado, Romero considera que las liquidaciones son legales, mientras no haya el pronunciamiento de un juez que diga lo contrario. Además, recalcó, el Ministerio de Trabajo, avaló el proceso.

Balances
Se conoció que el jueves pasado, los liquidadores de los bancos de Préstamos, Popular y Bancomex recibieron los balances de dichas entidades con la presencia de los notarios contratados para el efecto de parte de los ex funcionarios.

Traspaso
En Guayaquil, mientras tanto, los despedidos dijeron que no se los puede acusar de no entregar la información. Dicen que aunque fueron notificados de su salida, han seguido procesando datos hasta que se les indique a quién darlos.