Pagos.

La superintendenta de Bancos (SB), Gloria Sabando, hizo un llamado público a los ex accionistas de los diez bancos que fueron declarados en liquidación para que concurran a su despacho a plantear las propuestas de pago para solventar un hueco patrimonial, que, en conjunto, alcanza $ 2.700 millones, pues –dijo– este no puede ser asumido por el Estado.

Los bancos en liquidación son Progreso, Popular, Préstamos, Bancomex, Solbanco, Crédito, Unión, Azuay, Tungurahua y Finagro.

La funcionaria estableció un plazo probable de un año para que los ex accionistas se acerquen tanto a las oficinas de los liquidadores, en la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), como a la Superintendencia.

Advirtió que de no cumplirse este pedido los ex accionistas deberán someterse a acciones legales. Sabando habló del artículo 165 de la Ley de Instituciones Financieras que permite a los liquidadores administrar los bienes de los ex accionistas y apropiarse de las ganancias para honrar las deudas. Destacó que en los casos de Banco de Crédito y Financorp ya hay propuestas en estudio.

Sabando también anunció que desde ayer se inició el proceso de entrega de información de la AGD a los liquidadores, con la presencia de notarios.

Manifestó que este proceso ha tenido varios problemas, sobretodo, por la falta de personal de la AGD, pues 237 empleados salieron del organismo el mes pasado.

De otro lado, la superintendenta señaló que de conformidad con un mandato de la Asamblea Constituyente, los liquidadores designados podrán cancelar a otros acreedores perjudicados. Para cumplir con aquello, se deberán vender los activos de los bancos en liquidación siguiendo los procedimientos previstos en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

ADVERTENCIA: Empleados despedidos

Plazo
Hoy se vence el plazo que la Secretaría Anticorrupción puso a los más de 200 ex empleados de la Agencia de Garantía de Depósitos para que  devuelvan el dinero de sus liquidaciones y regresen a sus puestos de trabajo.

Judicial
Si no acatan el pedido de la Secretaría, se podrían tomar medidas judiciales. Un grupo de ex empleados sostiene que su salida fue legal.