Alex Villacrés, presidente del directorio de Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), explicó esta mañana que los trabajos de dragado en el golfo de Guayaquil son de familiarización hasta que obtengan la renovación de la licencia ambiental por parte del Ministerio de Ambiente.

En un área de alto tránsito naviero y a dos horas de navegación de Guayaquil se concentran los primeros trabajos de la draga Francisco de Orellana. Este buque, que tendrá la tarea de mejorar el nivel de profundidad del canal de acceso al puerto, extrae desde el sábado pasado un promedio de 6.500 m³ de sedimentos por día. En tres días retiró unos 20.000 m³.

En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), Villacrés explicó que como la draga Francisco de Orellana es nueva, vino con tripulantes españoles y técnicos holandeses que entrenaron al personal nacional que ahora está a cargo, por lo que necesitan probar los equipos y perfeccionar el manejo operativo.

Añadió que en el tema de los permisos de Ministerio de Ambiente, se trata de una renovación, porque asegura que la APG cuenta desde el 2001 con licencia ambiental para ejecución de trabajos de dragado; y para obtener esa renovación es necesario actualizar los estudios de impacto ambiental que vienen realizándose desde 1998.

"Nosotros estimamos que no pasarán más de 30 días para que se pueda contar con la licencia ambiental definitiva", indicó el funcionario de la APG.

Detalló que los estudios ambientales están realizados desde 1998, luego se han hecho actualizaciones en el 2001, 2003, 2006, y "ahora en el 2008, a instancias de obtener una renovación de la licencia ambiental, se han actualizado esos estudios y están concluidos", ahora solo se espera una respuesta pues el Ministerio de Ambiente a través de la Subsecretaría está revisando todo ese material.

Doce días antes de que empiece este dragado de familiarización, el Gobierno declaró como “un proyecto de gran magnitud e interés nacional el dragado del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil”, encargando la ejecución del decreto a la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga.