El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) considera positiva la inclusión de la norma constitucional que prohíbe la “criminalización” de la condición de adictos.

Loor señala que la norma constitucional necesitará una ley que la desarrolle, porque la vigente es “obsoleta”; está en vigencia desde 1990 y se orienta, especialmente, a la sanción al narcotráfico.

No considera a los adictos como enfermos y, por tanto, no hay normas que los protejan.

“La gran mayoría de los encarcelados por drogas está por tener mínimas cantidades por su adicción”, señala Loor.

En la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas vigente, la sanción es igual para quienes llevan un gramo o una tonelada de droga.

La nueva ley tendrá que establecer restricciones, por ejemplo, de tenencia de dosis.

Al declararse como un problema de salud pública, el Estado tiene la obligación de atender a estas personas; actualmente esa labor la ejecutan centros privados.

En el Consep se registran alrededor de 200; cada uno tiene unos 20 pacientes, es decir, un total de 4.000 personas.

Pero Ricardo Loor, un especialista de la Casa de la Prevención del Consep, sostiene que por cada paciente atendido hay diez más que no reciben tratamiento; suman 40.000.

Pero las cifras del Consep, en total, indican que unas 300 mil personas en el país declaran haber consumido drogas.