Los imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura argentina (1976/83) no podrán ser alojados en dependencias de las fuerzas de seguridad, dispuso este jueves el Gobierno argentino, luego de la fuga de un militar retirado acusado de torturas.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, tomó la resolución luego que el represor Julián "Laucha" Corres logró fugarse en la madrugada del sábado de una celda de una comisaría de Bahía Blanca (680 km al sur de la capital argentina), cuando pidió permiso para ir al baño.

A partir de ahora, ningún imputado en causas de violaciones a los derechos humanos podrá ser alojado en dependencias de la Policía Federal, Gendarmería (policía de frontera), Prefectura Naval (guardacostas) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria sin la autorización expresa del ministro de Justicia.

El ministro ordenó el traslado de los prisioneros en menos de 48 horas.

Corres estaba detenido a la espera de un juicio oral, tras ser señalado por sobrevivientes como torturador de 'La Escuelita', un campo de exterminio de adversarios que funcionó en Bahía Blanca.

Fernández manifestó su sospecha de que el militar retirado contó con la ayuda de sus custodios para poder fugarse y toda la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca fue pasada a disponibilidad.

Además fueron arrestados el inspector Juan Carlos Lastra y el cabo primero Pablo Carabajal, quienes tuvieron contacto con el detenido antes de la fuga.

La ministra de Defensa, Nilda Garré,ordenó este jueves a las Fuerzas Armadas investigar si algún militar en actividad estuvo involucrado en el episodio.

Organismos de derechos humanos han denunciado los privilegios que tienen algunos represores detenidos en dependencias de las fuerzas de seguridad y reclamado su traslado a cárceles comunes.