Servicio público.

Los 500 notarios del país no están dispuestos a ser regulados por el Estado y, por tanto, formarán parte de la campaña por el No en el referéndum que se realizará el 28 de septiembre.

A este sector le preocupa el proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea, pues el artículo 199 señala que “los servicios notariales son públicos”, lo que a su criterio implica que los notarios, que hoy se manejan como empresa independiente, se convertirían en servidores públicos con relación de dependencia y sueldo fijo.

Según el texto, los valores recuperados por concepto de tasas notariales ingresarán al presupuesto general del Estado, conforme lo determine la ley.

De ser aprobado el proyecto de Constitución, se declararán concluidos los periodos de nombramiento, encargos, interinatos y suplencias de los notarios, quienes permanecerán en funciones prorrogadas hasta ser reemplazados.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, Jorge Machado, anunció que esta agrupación trabajará para que la ciudadanía vote No.

Con estas reglas, agregó, el servicio resultará oneroso para el Estado, que deberá implementar 500 notarías y enrolar a 5.000 nuevos funcionarios.

Jorge Pino, titular de la Notaría XI en Guayaquil, prefiere no pronunciarse del todo en contra, pues según su interpretación, el proyecto de Carta Magna podría tener dos lecturas. La primera, es que se convertirá a los notarios en burócratas, porque a un notario con sueldo fijo le daría igual atender uno o diez casos.

Y la segunda, es que se mantiene su actividad como ahora, pues solo se reemplazó el término “derechos notariales” por “remuneración”. Lo último, explica, porque el Código del Trabajo define al sueldo y al salario, que en ambos casos significan dependencia, pero no a la remuneración, que significa recompensar y premiar.

En cuanto a los registradores de la Propiedad, el proyecto, en su artículo 265, habla de que el sistema será administrado entre el Gobierno central y las municipalidades; además, que permanecerán en funciones hasta que se elabore una ley para regularlos. Al respecto, el registrador de la Propiedad de Quito, Washington Bonilla, prefirió no pronunciarse hasta no conocer a fondo el texto.