El artículo 339 extiende esos conceptos a los ciudadanos. Así que el Ministerio Público debería tomar muy en serio las denuncias de que se modificó la naturaleza de algunos conceptos que se habían aprobado en el proyecto de nueva Constitución. El interés de la Fiscalía debería ser mayor si se considera que integrantes de la Comisión que se conformó para revisar la concordancia y la ortografía del proyecto de Carta Magna admiten que hicieron  modificaciones que evidentemente son de un alcance  mayor al que se les encomendó.

Esclarecer estas denuncias es urgente no solo por sus implicaciones penales sino para evitar que se les consulte a los votantes un texto que legalmente no se aprobó y no haya luego cuestionamientos a la pureza de su proceso de gestación.