Ese es el número de artículos que tiene el proyecto de nueva Constitución. Es el proyecto de Constitución más largo que conozca la historia del derecho constitucional.
Varias razones podrían explicar por qué se ha elaborado un documento tan extenso y, en especial, tan confuso. Una es que sus gestores sabían que de esta manera la gran mayoría de la ciudadanía no lo analizaría. La propaganda oficial se encargaría de la lectura.
Esto no habría sucedido si se elaboraba un texto de, digamos, setenta artículos, que, en definitiva, es todo lo que se necesita para tener una Constitución. En ese caso, las probabilidades de un debate y análisis habrían sido mucho mayores.
La otra razón es que los gestores de este documento temen que terminada la ola de popularidad del actual Presidente, no vuelvan a ganar elecciones por un tiempo. Es como si esta fuese su última oportunidad. Hay que poner todo en la Constitución, entonces. Hasta los detalles más pequeños. Así les atamos las manos a los próximos gobiernos que no sean de nuestra ideología. De hecho, más que un proyecto de Constitución, lo que se ha producido es un plan de gobierno. Y eso explica las cerraduras y candados que se pusieron para volver casi imposible una reforma constitucional.
Otra razón es que en realidad la Constitución no es importante para el Gobierno. La vieja partidocracia aniquiló a tal punto las instituciones políticas que el país se acostumbró a vivir sin ellas. La mesa y los manteles quedaron listos para los nuevos líderes. La Asamblea Constituyente que iba a marcar el nacimiento de una institucionalidad soñada –con toda su iconografía y narrativa de “plenos poderes”– terminó siendo un espejo del pasado. ¿Qué diferencia hubo entre el viejo Congreso donde los dueños del país de entonces ordenaban por celular a sus diputados (que en realidad eran nuestros diputados…) a votar de esta u otra forma, y la manera como actores ajenos a la Asamblea “dieron haciendo” los textos del proyecto de Montecristi?
Lo que sí necesitaba el Gobierno es un barniz de legitimidad para perennizarse en el poder lo más posible. De aprobarse el proyecto, por primera vez un presidente en funciones podría ser reelegido. Ese es probablemente el único artículo que importa al final de cuentas.
Ahora viene el lado más feo de este proceso: la millonaria campaña del Gobierno a favor del “Sí”. Si viviésemos bajo un estado democrático de derecho, si tuviésemos órganos de control, si hubiese un Tribunal Constitucional o un Tribunal Supremo Electoral, está claro que el Estado debería financiar en igual suma la campaña por el No o el Nulo. Y es que no hacerlo implicaría una violación a convenios internacionales de derechos humanos. No digo de la Constitución porque, como sabemos, no tenemos una.
Nota. Desde Argentina, unos lectores me hicieron notar, vía electrónica, que en mi pasado artículo cometí un error al decir que los Kirchner habían “barrido” en las elecciones. En realidad no fue así, ganaron pero con un margen no tan amplio.