La mayoría de las propuestas que llegaron a Ciudad Alfaro no fueron tomadas en cuenta.

El contenido de la nueva Constitución que elaboró la Asamblea evidenció a los grupos ganadores y perdedores en torno a un proceso que  abarcó la presentación de unas tres mil propuestas provenientes de agrupaciones sociales, ciudadanos independientes y entes gubernamentales. 

La aprobación final del texto constitucional, en el pleno el jueves pasado, dejó en evidencia los planteamientos que no fueron incluidos como parte de la nueva Carta Magna, y algunas reformas que, según los  asambleístas, afectan  a diversos sectores. 

Bajo ese criterio hay divergencias entre los constituyentes oficialistas y opositores al régimen, en torno a los perdedores del proceso.

La oposición cobija bajo ese  título a los empresarios, la banca, los medios de comunicación, las iglesias católica y evangélica, las agrupaciones Pro Vida, las prefecturas,  las provincias amazónicas y hasta poderes del Estado como la Función Legislativa.

El sistema de peso y contrapeso establecido por PAIS para equilibrar los poderes de las cinco funciones del Estado que se determinaron, no convenció a los asambleístas de minoría.

A decir de ellos, se concentraron atribuciones en la Función Ejecutiva y la denominada Corte Constitucional, en desmedro de la Asamblea Nacional, nombre con el que PAIS rebautizó al otrora  Congreso. 

Vicente Taiano (Prian) señala al primer mandatario y líder de PAIS, Rafael Correa, como uno de los ganadores del proceso. “Tendrá injerencia en la integración de la nueva Corte Constitucional, a la que le dieron suprapoderes como la potestad incluso de revisar las sentencias ejecutoriadas de la Función Judicial”, asevera.

Ante lo que Mauro Andino (PAIS) prefiere destacar la parte dogmática de la nueva Carta Política. Advierte que perdieron los grupos que representan a lo que denominó como “partidocracia”, sustentados en “los postulados de la ideología derechista. Esas agrupaciones que han pretendido mantener secuestrado al Estado, como los banqueros y ciertos medios de comunicación  vinculados con la banca, son los que pierden”, refiere.

Mientras que Ricardo Zambrano (PAIS) resalta como ganadores a los jóvenes, quienes podrán  acceder a una educación universitaria gratuita hasta el tercer nivel, algo que no se incluyó en la Constitución aún vigente de 1998.

Sergio Chacón (PSP) considera que las provincias amazónicas perdieron con lo aprobado. Explica que requerirán fusionarse con provincias vecinas de la Sierra para  conformar regiones autónomas. Esto debido a que el Oriente, en conjunto, apenas alcanza  el 4% de la población nacional, mientras que uno de los requisitos para convertirse en región es que el área por fusionarse tenga el 5% de los habitantes totales. 

“Se prohibieron las preasignaciones, lo que dará pie a que se derogue la Ley 010, que otorga a los gobiernos seccionales del Oriente un dólar por cada barril de petróleo extraído”, enfatiza Chacón.
Unos 200 millones de dólares al año reciben como preasignaciones las provincias amazónicas por este concepto.

Taiano reitera que con lo aprobado habrá que rehacer los libros de leyes. “De aquí haré lo que hizo el asambleísta (Rafael) Esteves: tendré que romper los libros de leyes y volver a estudiar”, enfatizó.

Agregó que las prefecturas también perdieron con el proceso. Ese mismo criterio tiene el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano (PSC).

Ambos se sustentan  en la desaparición de la figura de los consejeros provinciales. “Solo hay cambios de nombres, y que supuestamente el pueblo tendrá representación en todos los organismos, eso es mentira”, recalcó Taiano.

Martha Roldós (RED) se inclina por rescatar lo bueno, como las reformas ambientales.

Aunque recalca que las normas sobre la Función Legislativa se elaboraron bajo la premisa de que “todos los diputados son corruptos”.

Ella, al igual que la constituyente María Cristina Kronfle (PSC), concuerda  en que las personas con discapacidad también ganaron durante el proceso. Este grupo poblacional consiguió que sus derechos se revaliden en una de las secciones  del capítulo tercero, bajo el título de los grupos de atención prioritaria.

 El de los migrantes es otro de los grupos ganadores. Consiguieron tener representación directa en la nueva Función Legislativa que se conforme y hasta derechos específicos.

Según lo aprobado en la nueva Carta Magna, el Estado se compromete en el artículo 41 bajo el título de movilidad humana, a ofrecer asistencia a los migrantes  y a sus familias, y hasta a estimular su retorno voluntario al país.

También reconoce la figura de la “familia transnacional”, denominada así debido a que  sus integrantes se encuentran dispersos en distintas partes del mundo. 

Grupos
Desde la instalación de la Asamblea el 26 de noviembre del 2007, Ciudad Alfaro recibió propuestas de articulados de artesanos,  agricultores, mujeres, empresarios, banca privada, transportistas, magistrados y jueces,   migrantes, estudiantes secundarios y universitarios, jubilados, mineros, deportistas, educadores, diferentes iglesias, grupos étnicos, fundaciones, comerciantes minoristas, ciudadanos en general, sindicatos, entre otros.