La Asamblea Nacional Constituyente terminó mal, nos dejó un sabor amargo de que algo que era propio de la vieja partidocracia se había reeditado. El golpe contra la Corte Suprema de Justicia con el que se decidió reemplazar jueces por un sistema de sorteo y al mismo tiempo darles a los que quedan un carácter interino, para que sean reemplazados por el Consejo Nacional de la Judicatura, tiene el mismo sabor de las argucias que en su tiempo utilizaron León Febres-Cordero y Lucio Gutiérrez.

La movilización contra la manipulación de las cortes ha sido un factor permanente de la agenda ciudadana, al menos desde mediados de los años ochenta. Es que el control sobre el sistema judicial ha sido un factor permanente de la política ecuatoriana, buscando  jueces afines a los grupos políticos predominantes en cada gobierno. De acuerdo con el Dr. Marco Albuja,  entre 1906 y el 2005, la Función Judicial sufrió 215 reformas, codificaciones y derogatorias, que más que una técnica legislativa refleja visiones limitadas del quehacer político por sobre el judicial.

Entre los episodios recientes más relevantes de la manipulación debe recordarse cuando León Febres-Cordero rodeó de tanques el edificio de la Corte para impedir la posesión de los jueces nombrados por el Congreso Nacional. Recordemos que entonces funcionaron en forma simultánea dos cortes presididas por Gustavo Medina y Luis Heredia. El bloqueo solo pudo resolverse sobre la base de una transacción política entre el Congreso y el Ejecutivo.

El segundo episodio ocurre a raíz de la consulta popular del 25 de mayo de 1997 en que se pregunta explícitamente: “¿Considera usted necesario… reformar el sistema de designación de los magistrados de  la Corte Suprema de Justicia, para que su origen sea la propia Función Judicial; nombramiento sin sujeción a periodos fijos que observen los criterios de profesionalización y de carrera judicial que establezca la Ley?”.   Los ciudadanos aprueban mayoritariamente estos criterios. Sin embargo, una mayoría legislativa partidocrática acepta los resultados, pero en la mejor tradición colonial, no la acata. Ella decide que el  Congreso Nacional designará por esta vez a los  treinta  y un magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de una lista  integrada  por candidatos propuestos  por  entidades nominadoras de la sociedad civil…, ellas mismas escogidas ad-hoc.

El tercer caso fue el del 8 de diciembre del 2004, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue depuesta y sustituida en forma ilegal por una mayoría de congresistas alineados con el Gobierno. El argumento central de parte de Gutiérrez fue la lucha contra la oligarquía y romper con el control mantenido por Febres-Cordero, en la administración de justicia; para ello estableció alianzas, vía prebendas, con otros partidos, de forma principal con el sector liderado por Bucaram (PRE) y con Álvaro Noboa (Prian).  Esa misma mayoría nombró la tristemente recordada “Pichicorte”, que entre otros liberó a políticos acusados en delitos de corrupción.

En este último caso la movilización ciudadana en Quito y Guayaquil terminó deponiendo a Gutiérrez y los magistrados fugaron por donde bien pudieron. A raíz de ello se estableció un sistema de selección de jueces sobre la base de mérito, basados en concursos abiertos y monitoreados por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Desde entonces esta Corte Suprema ha funcionado decentemente, separando a jueces donde había la menor sospecha de corrupción.

Toda esta conquista ciudadana ha sido puesta en entredicho por la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Qué mal!