La justicia electoral ratificó este lunes la realización del referendo revocatorio en Bolivia, dejando a la oposición casi sin recursos para detener una consulta que podría debilitarla y fortalecer al presidente Evo Morales.
En una resolución plenaria, la Corte Nacional Electoral dictaminó que no existen razones legales para suspender el referendo del próximo 10 de agosto, en el cual Morales y ocho prefectos regionales, mayormente opositores, deberán ser ratificados en su cargo por el voto popular.
Morales, popular entre la empobrecida mayoría indígena del país, busca con la convocatoria cerrar una crisis política que se desató por su plan de instaurar una nueva Constitución socialista que refrende la nacionalización económica que lleva adelante.
Según analistas, Morales sería ratificado en su cargo en el referendo, mientras que algunos prefectos podrían perder sus puestos.
"La CNE resuelve proseguir en el ámbito de su competencia todos los actos necesarios y convenientes para la debida aplicación y ejecución de la ley (...) de convocatoria a referendo revocatorio para el día 10 de agosto del 2008", dijo la resolución.
Esta fue la segunda vez en menos de una semana que el organismo electoral ratifica que acata la ley de convocatoria al referendo, saliendo al paso de informaciones en medios de comunicación sobre la posible suspensión de la consulta por una supuesta rebelión de las cortes electorales departamentales.
La CNE, en línea con su comunicado emitido hace cinco días, rechazó un pronunciamiento de una magistrada del Tribunal Constitucional que llamó a suspender el referendo.
La decisión encontró al indígena Morales, un estrecho aliado del líder venezolano Hugo Chávez, dedicado a tiempo completo a su campaña proselitista con promesas de completar la "refundación" del empobrecido país sudamericano mediante la nueva Constitución de línea indigenista y socialista.
La oposición, que mediante movimientos de autonomías regionales ha logrado frenar la reforma a la carta magna, apoyaba al mismo tiempo las campañas de sus prefectos y las demandas de suspensión de la consulta, que paradójicamente fue puesta en marcha hace poco más de dos meses con el voto de la mayoría conservadora en el Senado.
El prefecto de Cochabamba, el ex militar derechista Manfred Reyes Villa, quien perdió ya una demanda legal contra el referendo, dijo el lunes que seguirá su batalla contra la que llamó "consulta inconstitucional".