Solo a sueldos se destinó $ 14 millones.  Contraloría espera el reporte de los bienes.

Quince asambleístas recibieron esta semana una misiva de la Contraloría General del Estado en la que les piden justificar algunas irregularidades en los informes de sus asesores.

El trámite es parte de la auditoría que ese organismo de control realiza desde hace tres meses a pedido del ex presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (PAIS).

En esa lista están Fausto Lupera y Francisco Cisneros (SP), César Gracia (PRE), Gissel Rosado y Tito Nilton Mendoza (Prian). Y del bloque oficialista: Betty Tola, Jaime Ruiz, Oswaldo Orrala, Eduardo Sánchez, Germánico Pinto, Mercedes Panta , Balerio Estacio, Denise Coka y Pamela Falconí.

Cisneros y Mendoza señalaron que se trata de problemas con las firmas de sus colaboradores que parecen ser diferentes en varios reportes de sus actividades. "Son cuestiones de forma, nadie calca su firma", dijo Mendoza.

La Contraloría les pidió explicaciones de descargo para incluirlas en el borrador del primer informe, pero no les fijó  plazo. Está previsto que el final sea entregado en  dos meses.

El jueves, en cambio, circuló un mail entre asesores y asistentes de los constituyentes en el que se les pedía que entregaran, hasta ayer, su declaración juramentada de bienes, que fue uno de los requisitos que debían llenar para ocupar los cargos.

Hasta que no presenten ese documento, el Departamento de Recursos Humanos no pagará sus sueldos de julio.

Los contratos de los empleados, asesores y personal administrativo concluirán el 31 de julio, según el director general administrativo de la Asamblea, Francisco Torres.

Entre el 29 de noviembre del 2007 y el 11 de julio, la Asamblea gastó $ 14 millones  en el pago de sueldos de asambleístas, asesores, asistentes y personal administrativo. Lo presupuestado eran 20 millones, es decir, $ 6 menos de lo previsto.

Otro rubro importante fue el de traslados y viáticos, que sumó cerca de $ 900.000, aunque lo presupuestado era el doble.

En total, el trabajo de la Constituyente le costó al país 20,8 millones de dólares, según el informe final de la ejecución presupuestaria que fue entregado a su presidente, Fernando Cordero (PAIS), por el Departamento Financiero, el 12 de julio.

El presupuesto inicial para los ocho meses era de 36 millones de dólares.