Por cuarta vez se renovó el estado de emergencia “por grave conmoción en el sistema penitenciario en todo el país”. Según el decreto ejecutivo 1.142, publicado el viernes 18 de julio, se reafirmó el espíritu del cuerpo legal original suscrito en junio del 2007 de tomar “medidas de emergencia necesarias para poder remediar las deficiencias que atraviesa el sector”.
Según Ximena Costales, subsecretaria de Rehabilitación Social, la nueva renovación será por seis meses “porque hay cuestiones de emergencia que todavía no se han cumplido, no son cambios que se hacen de la noche a la mañana”.
Entre los avances, cita las adecuaciones en infraestructura efectuadas en distintos centros del país como el talud de la Cárcel Nº 1, que es una obra arquitectónica, la impermeabilización de cubiertas de los centros de rehabilitación de Quito y de Guayaquil, readecuación de retretes y cocinas.
Además de la reingeniería de la Cárcel de Mujeres y de la Penitenciaría del Litoral. Posteriormente, se continuará con la construcción de los nuevos centros en Sucumbíos, donde se colocó la primer piedra.
A pesar de estas modificaciones faltan cosas por hacer “porque el abandono y la desidia eran absolutamente graves. De ahí que la emergencia tiene la misión de cumplir con los problemas que no se habían cubierto desde hace 50 años, por eso se necesita tiempo”, explicó.
Con la renovación del decreto de emergencia se ampliarán programas hasta lograr el objetivo gubernamental, que es transformar el sistema penitenciario. Hasta ahora en la primera fase de la emergencia se han invertido $ 12 millones de los 80 empleados en rehabilitación social, consultorías y el censo penitenciario, que se prevé presentarse oficialmente el próximo jueves en la Penitenciaría del Litoral.
Costales aseguró que las nuevas construcciones son las que más dinero absorberán.
Avances
Sonia Andrade, activista de derechos humanos y experta en las cárceles, considera que existen avances con la aplicación del estado de emergencia carcelario.
”Me parece importante que se sienten las bases con la implementación
de una política de rehabilitación social para reestructurar al sistema que se encuentra colapsado”.