Aunque la parte declarativa no tiene resistencia, hay dudas sobre cómo lograr reactivación.

Más Estado y menos mercado. La frase es un lugar común en cualquier discusión sobre la economía que busca la nueva izquierda o el socialismo del siglo XXI, tendencia en la cual dice inscribirse el actual Gobierno. También es el marco del que se sirvió la Asamblea –o el oficialismo– para elaborar el proyecto de Constitución, que será sometida a referéndum el próximo 28 de septiembre.

La propuesta describe a un Estado como eje del desarrollo económico. Más que con una lista de adjetivos –como el de economía solidaria y popular–, la parte denominada Régimen de Desarrollo aborda este tema dándole más espacios de poder. Ejemplos:

Uno. En la nueva Constitución se da paso a un Estado empresario. Allí, los sectores estratégicos “de decisión y control exclusivo del Estado” son: energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables (petróleo), transporte, refinación de hidrocarburos, biodiversidad y patrimonio genético, espectro electromagnético, agua “y los demás que determine la ley”. Solo “de forma excepcional” se podrán delegar esas áreas a la iniciativa privada o a las de la economía popular y solidaria (cooperativas, asociaciones o comunidades).

Dos. El Estado promotor de la producción. El proyecto sostiene que la producción –sea de origen público, privado, mixto, familiar, comunitario, etc.– “deberá articularse al Plan Nacional de Desarrollo”. Este Plan es clave en el texto constitucional, pues será elaborado por un Consejo Nacional de Desarrollo liderado por el Presidente de la República, que se encargaría de “dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema...”.

Tres: El Estado tendrá mayor capacidad de intervención. En la parte comercial se establece que este “regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas...”. A renglón seguido, explica, incluso, que se definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional.

¿Adónde va el Estado de la nueva Constitución? De acuerdo con el articulado aprobado por los asambleístas va a reforzar el mercado interno y a priorizar su intercambio con la región (Caribe y América Latina). El fin último: “el buen vivir” de la población, en un escenario en el que Estado, mercado y sociedad mantengan una relación “dinámica y equilibrada”. La pregunta que empresarios y analistas se hacen es cómo se logrará ese objetivo, pues la mención de un sistema económico y solidario, con prevalencia estatal, no es suficiente.

Jaime Carrera, secretario del Observatorio Fiscal, se lamenta: un Estado grande y complejo necesita de dinero, eficiencia y una estructura que lo aísle de posibles shocks internos y externos (caída del precio del petróleo, de las remesas, colapso del dólar, inflación descontrolada, catástrofes naturales, etc.). Pero la propuesta de la Asamblea solo le asigna dinero. El resto –dice– es retórico. El “buen vivir” está escrito, pero será difícil saber cuál es la vía para alcanzarlo, afirma.

Mauricio Pozo, que fue ministro de Economía en la administración de Lucio Gutiérrez, cree que el texto deja espacios para la discrecionalidad y el crecimiento insostenible del gasto público. Y más que la Constitución –explica– serán las políticas públicas, las que salgan del gobierno de turno, las que determinarán la suerte de la economía.

Para Pablo Dávalos, ex subsecretario de Rafael Correa en el Ministerio de Economía, el regreso del Estado poderoso es justificado: “hay problemas, como el desempleo o el deterioro del medio ambiente, que nunca fueron resueltos por el sector privado”.

Muchas disposiciones, no obstante, dependerán de las leyes que emita el Legislativo, tras el cierre de la Asamblea.