Este organismo ve en el texto aprobado un reconocimiento a  competencias  de los entes seccionales.  

Los gobiernos seccionales están conscientes de que la aplicación de las reformas que la Asamblea Constituyente aprobó para el nuevo reordenamiento territorial depende en buena medida de varios factores de tipo económico, sociales y sobre todo, políticos.

Consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales coinciden en que si bien los cambios introducidos en el borrador de la nueva Carta Política pueden ser un avance, el camino que les queda para alcanzar niveles reales de autonomía y desarrollo aún es largo.

El primer escollo que deben superar para impulsar esos cambios se halla en el propio referéndum que se realizará el 28 de septiembre próximo.

Así lo admite el presidente del Consorcio de Consejos Provinciales (Concope), Rodrigo Vivar, quien afirma que por ahora esos organismos seccionales esperan tener en sus manos los textos definitivos de la Constitución para así determinar la agenda que seguirán con el fin de concretar el nuevo orden administrativo del Estado.

Vivar señala que al igual que en otros temas, el futuro de los gobiernos seccionales, “para bien o para mal”, está sujeto al apoyo que la población dé al conjunto de reformas constitucionales aprobadas en Montecristi (Manabí) “es decir, depende de un proceso eminentemente político”.

En ese contexto, expresa que si bien el apoyo o rechazo a esos cambios es una decisión de carácter individual, la mayoría de consejos provinciales está decidido a respaldar la propuesta redactada por la Asamblea.

“En el proyecto de Constitución hay un reconocimiento de las competencias de municipios, prefecturas y juntas parroquiales, hay un avance hacia la descentralización y a mediano y largo plazos hacia la autonomía”, manifiesta  Vivar,  prefecto de Loja.

Afirma que el Concope propondrá al Gobierno entablar inmediatamente un proceso de diálogo sobre temas como la redacción del proyecto de la nueva Ley de Régimen Seccional, cuerpo legal que a criterio de Paúl Carrasco, prefecto del Azuay, debe ser el eje sobre el cual municipios, prefecturas y juntas parroquiales trabajen de forma coordinada.

“Es en esa ley en donde se puede trazar la ruta clara hacia la descentralización y autonomía no solo política y aclarar mucho más, aspectos como las competencias de cada nivel de Gobierno y sobre todo, la distribución solidaria de los recursos económicos de las regiones y mancomunidades municipales o cantonales”, dice.

Una posición similar tiene el presidente de la Confederación de juntas parroquiales, Édison Rueda. Para él, el artículo 244 del proyecto de Constitución que dispone que dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas puedan agruparse y formar mancomunidades autónomas “efectivamente permitirá mejorar la gestión de las competencias respectivas y favorecerá los procesos de integración sobre todo, productiva”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con las reformas.

El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano (PSC), califica como “no viable” la propuesta de reordenamiento territorial, al menos en lo que a su provincia se refiere. Él tiene reparos en lo relacionado a la conformación de las denominadas Cámaras Provinciales, que en el caso de Manabí, tendría a 22 alcaldes, más representantes de las juntas parroquiales.

Además cuestiona la eliminación de la figura de los consejeros provinciales, así como el hecho de que no se permitiera que una provincia por sí sola pueda convertirse en región autónoma, como era la aspiración de Manabí. Para ser región, indica el texto, deben unirse dos o más provincias con continuidad territorial y sumar más de 20 mil km².

DETALLES: Artículos

Requisitos
Las provincias que se unan para ser regiones autónomas, deben sumar en conjunto más de 20 mil km² y superar el 5% de la población nacional.

Integración
Se procurará un equilibrio interregional, afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo de cuencas.

Incentivos
La ley creará incentivos económicos y otros para que las provincias se integren en regiones. La iniciativa saldrá de los consejos provinciales.