Con 76 votos, la Asamblea aprobó la exoneración del impuesto a la renta de las utilidades obtenidas de la producción y comercialización directa de los productos alimenticios que se mantengan en estado natural, a través del mandato agrícola.

En ese documento, el Estado se compromete a diseñar y ejecutar de forma emergente un Programa de Soberanía Alimentaria hasta el 31 de diciembre del 2009, para incrementar la productividad y fomentar el crecimiento del  agro.

Ese programa podrá ser financiado con recursos públicos de origen petrolero, se creará un incentivo económico a favor de los agricultores para que accedan a semillas, fertilizantes y otros insumos para cultivos preferentemente orgánicos. Para mitigar los riesgos de la naturaleza se creará un seguro agrícola que será financiado por el Ministerio de Finanzas.

La exoneración de impuestos cubrirá las utilidades que provengan de la importación o producción nacional para la comercialización e insumos agroquímicos (herbicidas, pesticidas, etcétera). Esta exención será exclusivamente a la parte de dichas utilidades que sea reinvertida en la misma actividad.

Los ministerios de Coordinación de Desarrollo Social, Agricultura y el de Inclusión Económica y Social expandirán los programas actuales de inclusión económica de los micro y pequeños agricultores, avícolas, pecuarios y piscícolas, y ampliarán los acuerdos con organizaciones de pequeños productores para la provisión de alimentos, diversificando las dietas ofertadas por los programas públicos de alimentación.

No podrán beneficiarse de la exoneración del impuesto a la renta quienes hayan generado utilidades con ingresos por transacciones con precios superiores a los del mercado.

Los productores o importadores de agroquímicos que quieran beneficiarse de la exoneración del impuesto deberán implementar paquetes de descuentos para micro y pequeños productores agrícolas. Las exoneraciones se aplicarán para los ejercicios económicos 2008 y 2009. Durante ese periodo se suspende la vigencia del impuesto a las tierras rurales.

Al final del texto se incluye una salvedad, en la que se determina que si no se cumple con los objetivos, el Presidente de la República quedará facultado para que deje sin efecto ese mandato constituyente, a través de la suscripción de un decreto ejecutivo.