La Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó este miércoles los mandatos agrícola y eléctrico, con fuerza de leyes, promovidos por el Ejecutivo para apoyar un programa de seguridad alimentaria y regular las tarifas de consumo de energía.

El Mandato Agrícola fue aprobado con el voto de 76 asambleístas, de los 130 que integran la Constituyente, en la penúltima sesión oficial de labores de la Asamblea, dominada por el oficialismo y que mañana votará el proyecto de nueva Carta Magna, que ha redactado desde noviembre pasado.

Este proyecto consolida la ejecución de un Programa gubernamental de Soberanía Alimentaria, hasta el 31 de diciembre del 2009, que supone, entre otros aspectos, la eliminación del Impuesto a la Renta para los pequeños productores agrícolas.

El objetivo de dicho Programa es el de incrementar la productividad y el fortalecimiento del sector agropecuario, así como el fomento de "actividades sustentables y responsables con la naturaleza", señala un comunicado de la unidad de comunicación de la Constituyente.

Además, el proyecto, que busca reducir los costes de producción en el sector agrícola, se financiará con recursos estatales que provengan del sector petrolero, favorecido por los altos precios del crudo en los mercados internacionales.

El programa prevé crear un "bono agrícola" para los agricultores, que les permitirá adquirir semillas, fertilizantes e insumos para cultivos orgánicos.

Las rentas que los productores obtengan por la comercialización en el mercado nacional de alimentos agropecuarios, piscícolas y avícolas estarán exentas del pago del Impuesto a la Renta.

El Mandato, además, faculta al presidente de la República, Rafael Correa, "para que deje sin efecto, vía decreto Ejecutivo, los beneficios tributarios establecidos" en esta ley.

Por otra parte, la Asamblea Constituyente, con el voto favorable de 85 asambleístas, aprobó el Mandato Eléctrico, cuyo objetivo es expandir el servicio a zonas donde no ha llegado antes, establecer una tarifa única en el país y condonar las deudas de unas 700.000 personas pobres, que actualmente gozan de una tarifa reducida.

La asambleísta Irina Cabezas aseguró que ese es "un mandato netamente técnico, humano y solidario, sobre todo, con los sectores rurales" y pobres del país.