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Gabriela Calderón | gabriela.calderon@cato.org
Un ataque aplaudido
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SAN DIEGO, California |

En las siguientes líneas no pretendo defender a los Isaías, ya que para los propósitos de este artículo me es totalmente indiferente si ellos son culpables o no de lo que se los acusa. Tampoco pretendo detallar aquí las violaciones al debido proceso que sucedieron con estas incautaciones. Trataré de explicar por qué la libertad de prensa –sin la cual no puede haber libertad de expresión– ha sido severamente golpeada en nuestro país, y esto sucede precisamente durante un proceso electoral crucial para un proyecto político muy personalizado.

Si usted es un gobernante latinoamericano con inmensas ambiciones de poder, ya sea usted de izquierda o de derecha, su relación con la prensa no será amigable. Al contrario, probablemente buscará la forma de silenciar a cualquier voz que no cante al ritmo de la “revolución”. Hay varias formas de hacerlo. Usted podría controlar el suministro de papel, como lo hizo el Partido Revolucionario Institucional en México (PRI) o podría anunciar con anticipación que va a negarse a renovar la concesión de determinado canal por ser “golpista”, como lo hizo Chávez con RCTV. Nada sutil.

La manera de golpear a la libertad de prensa y ser aplaudido por ello está en hacerle creer a los ciudadanos que los canales solo se están incautando para “hacer justicia”. Una vez incautados los canales, proceda a ejercer una censura “ligera” por sobre ellos. No importa qué tan ligera sea esta, no deja de ser una simple censura.

La censura “ligera”, la experimenté personalmente, igual que mis compañeros del programa ‘Política para todos’ –Luis Miguel Cordovez, Fernando Coronel y Óscar del Brutto–. Fernando recibió varias llamadas de Toledo y otros trabajadores del canal, quienes le explicaron que la nueva línea editorial era “balanceada”. Es decir, si un programa era crítico del gobierno, el próximo tenía que decir algo positivo de este. Si no seguíamos este consejo, el programa no saldría al aire o tal vez sí pero a horas de la madrugada en las que casi nadie lo vería. Esto último no se lo dijo Toledo a Fernando, pero lo dijo uno de los productores de CN3, quien recibe presión de la nueva administración para controlar los contenidos. Nosotros podíamos seguir diciendo lo que queramos pero este productor podía perder su trabajo si no nos sacaba del aire cuando dejábamos de ser suficientemente “calibrados” o “balanceados” –de acuerdo al criterio de la nueva administración–. Bajo estas condiciones, la única opción fue renunciar. Y aunque el canal se retractó y nos pidió que regresáramos, ya la confianza estaba perdida.

No parece ser casualidad que la incautación suceda ahora, y no durante cualquier otro momento en el año y medio que va de este gobierno. Esto no significa que porque alguien es dueño de un medio, este deba ser inmune a incautaciones. Solamente significa que se debe respetar el debido proceso, como evidentemente no ocurrió.

Mientras tanto, 38,9% de la audiencia televisiva nacional ahora está en manos del Estado y la gente aplaude al Gobierno. Las telenovelas siguen, los programas de comedia, los de chismes, y las noticias, también. Aquí, al parecer, nada ha pasado. Pero tarde o temprano, no hay gobierno que resista la tentación de usar ese predominante poder mediático para silenciar a la oposición, y no puede existir una democracia sin oposición. Los conductores y periodistas que aplauden la medida, como Carlos Vera, parecen ignorar que lo mismo les puede pasar a ellos. ¿Seguirán aplaudiendo cuando eso pase?
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