Al menos 3 de las 30 disposiciones transitorias que constan en la nueva Constitución parecen tener fines electorales, según asambleístas de oposición: la vigésima segunda, la vigésima quinta y la vigésimo sexta.

La primera indica: “El Estado estimulará la jubilación de las docentes y los docentes del sector público mediante el pago de una compensación variable que relacione su edad con los años de servicios prestados. Los montos máximos serán de cinco salarios básicos unificados de las trabajadoras y trabajadores privados en general, por cada año de servicio, y hasta 150 salarios básicos unificados”. Esto beneficiaría a unos 13 mil maestros, según  la Unión Nacional de Educadores (UNE).

La segunda: “La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución. El salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la canasta familiar”. El salario básico actual es de $ 200, mientras que el costo de la canasta básica asciende a $ 490.

La tercera: “A partir de la entrada en vigencia de la Constitución, se condonarán las deudas de agua de los usuarios en extrema pobreza”.
La norma beneficiaría al 5% de la población, unas 130 mil familias.
Para Ricardo Zambrano (PAIS), de la mesa 7 de Régimen de Desarrollo, ninguna de estas disposiciones busca votos, mas sí reflejan, dice, las aspiraciones de la sociedad.

Fernando Salazar (PAIS), miembro de la mesa 3 de Instituciones del Estado, señala que todas las normas  están dirigidas a conseguir adhesiones porque todas tienen un “beneficiario”.

El jurista Joffre Campaña indica que, jurídicamente, las transitorias plantean esquemas para pasar de un régimen a otro, pero los textos mencionados no tienen ninguna relación con el texto constitucional.