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En El Aromo, no |
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Todas las solemnidades estaban listas en El Aromo para lo que sería la firma de un convenio-contrato entre Petroecuador y Pdvsa para la construcción del mayor complejo petroquímico del Pacífico. La tarima se había construido, los megáfonos estaban listos, la fanfarria tocaba, la gente de la zona se había congregado con antelación para la llegada de los presidentes. Chávez y Correa llegaron con algún retraso e inmediatamente comenzó el acto en que se sellaba una alianza petrolera con la patria de Bolívar. En algún momento, parece que cuando el presidente Chávez se aprestaba a hablar, sonó un grito: ¡En el Aromo, no! Martha Roldós intentó acompañar su grito con la entrega al mandatario visitante de una carta que explicaba los motivos.
La respuesta del presidente Correa fue propia del poder desafiado y de su estilo y no vale en esta ocasión recordárselo. Es mejor recordar el ¡En el Aromo, no! Un no que se fundamentaba en el carácter único de esta pequeña localidad manabita, cercana a Manta. Un oasis verde rodeado de una zona ecológica: que combina corta distancia bosque tropical y seco y que es conocido como Pacoche. ¿Por qué hacerlo allí exactamente, cuando en la misma provincia de Manabí hay zonas como Jaramijó donde una refinería tendría un mucho menor impacto ambiental? Nadie se opone a la construcción de esta obra, por demasiado tiempo postergada, tampoco necesariamente a la alianza con Venezuela en este campo, lo que se cuestiona es el lugar y el posible daño ambiental que se puede producir.
No se han hecho públicos los estudios sobre diversas alternativas de localización, los estudios de impacto ambiental y quién los hizo, si ello incluyó o no una consulta a la comunidad y cuál fue su pronunciamiento. Aparentemente todo esto se hará solo a partir de la firma del convenio de constitución de la empresa Refinería del Pacífico. Pero la localización está ya decidida, veo muy difícil que después de los estudios se dé pie atrás. Podrán definirse acciones de mitigación, como las que ofreció el Ministro encargado de Petróleos y Minas, pero no se evaluarán las alternativas de localización.
Recuerdo el caso del Oleoducto de Crudos Pesados donde muchísimos activistas se movilizaron en contra, tanto en el país como en los lugares de origen de las empresas que participaban. La consigna fue No al OCP. El presidente de entonces expulsó del país a una activista que defendía el hábitat de las mariposas, se burló de las manifestaciones y prosiguió con la obra. La obra se construyó pero tuvo que pasar por ajustes de diverso tipo; todo ello gracias a la presión nacional e internacional que se ejerció. Las empresas no podían ignorarla. ¿Tendrán las empresas petroleras estatales la misma sensibilidad o quedarán marcadas por la reacción presidencial?
Pero, más allá de las razones de fondo del grito de Martha Roldós está el derecho que tiene cualquier ciudadano o ciudadana a expresar su punto de vista, si considera que una acción pública, incluso aquellas de la mayor trascendencia, viola derechos o pone en peligro el medio ambiente o va en contra de valores fundamentales de la persona humana. Este derecho a decir No, Presidente, es fundamental en cualquier democracia. La obligación del Gobernante es tratar de comprender esas razones, analizarlas imparcialmente para ver la verdad que pueda existir en ese pronunciamiento. El pleno entendimiento de esas razones permite ajustar la decisión pública, evaluar las alternativas, etcétera. |
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| Nicholas D. Kristof |
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