¿Habrán pensado, los asambleístas de la mayoría, que estaban escribiendo una Constitución para que sirva en las buenas y en las malas? La lectura de los artículos aprobados atropelladamente en los últimos días de la Asamblea lleva a suponer que no se plantearon ese asunto. Si lo hubieran hecho, habrían tenido que realizar previamente un elemental cálculo de las probabilidades políticas. Ese simple ejercicio les habría llevado a considerar que, en un país caracterizado por la volatilidad electoral y por el cambio súbito de preferencias, no es remota la posibilidad de que en algún momento pueda llegar al gobierno un representante de la derecha ultramontana o del populismo jaranero. Solo pensar en todo lo que podrían hacer esos personajes con un cuerpo constitucional como el que se estaba diseñando habría sido suficiente para meterle miedo a cualquiera.

En el producto final no existen asomos de esa reflexión. Tal vez fue por el clima de jolgorio que siempre acompaña a las mayorías absolutas, sumado a las presiones que llegaban desde Quito y a la necesidad de construir poder por encima de cualquier otra consideración. Lo cierto es que esos textos tienen la huella profunda de la situación actual, de un gobierno que disfruta de una mayoría extraordinaria, que gira en torno a un liderazgo fuerte e indiscutido y de una agrupación política que tiene estrechos lazos con organizaciones sociales y con los grupos a los que se ha dado en llamar la sociedad civil. Será, en caso de aprobarse, una Constitución ideal dentro de esas condiciones –que deben poner verdes de la envidia a todos los gobernantes anteriores–, y mientras estas subsistan no habrá por qué preocuparse. Servirá perfectamente porque con todas esas condiciones favorables no importa lo que hace una oposición que en la práctica no existe, ni pensar en negociaciones y mucho menos devanarse los sesos por establecer algún acuerdo que signifique compartir el poder.

Por eso, muchas personas han considerado que la Constitución de Montecristi es un traje a la medida del presidente Correa, confeccionado para permitir la concentración de poder. En gran parte puede ser así, pero ese no es el problema central. La verdadera prueba de fuego para el nuevo ordenamiento emanado de la apresurada Asamblea se presentará cuando cambien, aunque sea en mínimo grado, las actuales circunstancias y sea otra la persona que deba utilizar ese traje.
El poder que tendrá será ilimitado y la Constitución se convertirá desde ese momento en el instrumento más contundente para golpear a quienes han sido hoy los beneficiarios de la voluntad popular. Es verdad que no se ve un cambio a la vuelta de la esquina, pero sería tremendamente ingenuo suponer que todo va a seguir así para siempre.

En el fondo, la Constitución servirá en el corto plazo porque no será necesaria. Pero será inútil en el largo plazo cuando verdaderamente se requiera de un marco que asegure libertades, participación, representación y gobernabilidad. ¿Habrán pensado que debe servir en las buenas y en las malas? Sobre todo en las malas.