La mayoría de estas estuvieron marcadas por la discordia y la confrontación  entre sus miembros.

Debates acalorados que casi terminan en enfrentamientos físicos fueron la tónica desde el inicio de la Constituyente.

Las diferencias de criterios en los bloques sobre temas como el derecho a la vida, la unión de personas del mismo sexo, el concepto de plurinacionalidad y las interpretaciones a las reformas del régimen de propiedad encendieron la polémica en la mayoría de las 91 sesiones plenarias en Ciudad Alfaro.

Dentro de PAIS se dieron fricciones que provocaron la salida del bloque oficialista de las asambleístas Rossana Queirolo y Diana Acosta, porque sus 78 coidearios se negaron a poner como parte de los derechos civiles la frase: “inviolabilidad de la vida desde la concepción”.

“Lo que se está haciendo es maquillar y dejar una puerta abierta al aborto”, afirmó la asambleísta Anabella Azín (Prian) al referirse a lo aprobado: “la inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte”.

Norman Wray (PAIS) fue uno de los que se opuso a que se determine la inviolabilidad de la vida desde la concepción. Lo aprobado, dice, no crea posibilidades de aborto. “Este ya existe en Ecuador, es más, el código penal permite el aborto terapéutico, y creemos que eso reconoce una parte de la realidad de las mujeres jóvenes”.

Otra discordia fue el numeral 8 de los Derechos sexuales, que señala que una persona puede tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, así como decidir cuándo y cuántos hijos tener y cada qué tiempo.

La asambleísta Cristina Reyes (PSC) cree que así “una mujer en un momento dado podría interrumpir su embarazo”. La discusión atrajo el interés del grupo Provida y de las iglesias católica y evangélicas, discordia que se prolongó hasta el jueves pasado, cuando se trataron los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los cuales, según la oposición, tampoco se incluyó el derecho a la vida desde la concepción.

La norma establece que “El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”. La activista Sonia María Crespo considera que “la Constitución es abortista”.

El viernes, en cambio, se volvió a tratar el artículo sobre la familia, en donde se reconoce la unión de hecho entre personas libres de vínculo matrimonial, sin especificar el sexo. Según  César Rohón (antes PSC), de la oposición, ello implica legalizar las relaciones entre homosexuales y lesbianas.

Rolando Panchana (PAIS) negó esa intención y recalcó que en el artículo se especificó que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer.

El concepto de la Plurinacionalidad (el reconocimiento de distintas nacionalidades como parte del Estado ecuatoriano unitario) fue una nueva amenaza de división en la bancada oficialista, que no prosperó.

Los criterios opuestos se evidenciaron entre asambleístas como Mónica Chuji (PAIS) y su coideario Rolando Panchana, quien proponía el concepto de la interculturalidad. Esta última palabra, según Pedro de la Cruz (PAIS), garantiza el respeto a las distintas formas de expresión de los grupos sociales.

Mientras que las reformas sobre el régimen de Propiedad enfrentaron a PAIS con los grupos opositores de derecha, quienes cuestionaron que esas normas darían paso a un proceso de incautación de tierras, bajo el pretexto de que esas propiedades no cumplen el concepto de “función social”.

Anabella Azín
Asambleísta (Prian)
“Lo que se está haciendo es maquillar y dejar una puerta abierta al aborto”.

AGUA
“El agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, y constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable, y esencial para la vida”.

NATURALEZA
“La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a existir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, pueblo, comunidad o nacionalidad podrá demandar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza ante órganos públicos (...)”.

PLURINACIONALIDAD
“El Ecuador es un Estado social, democrático y constitucional de derechos y justicia; soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada (...)”.