En 23 años como intérprete jurado de español en los tribunales federales, Eric Camayd-Freixas hizo de defensor en juicios penales, pero las palabras pronunciadas rara vez eran suyas.
Hasta que fue citado aquí por los agentes judiciales para traducir las vistas de casi 400 inmigrantes ilegales arrestados en una redada en una fábrica de envasado de carne el día 12 de mayo. Fue entonces cuando Camayd-Freixas, catedrático de español en la Universidad Internacional de Florida, decidió romper el código de confidencialidad profesional de los intérpretes jurados.
En un ensayo de 14 páginas que ha hecho circular entre más de una veintena de intérpretes que trabajan en Waterloo, Camayd- Freixas escribe que los acusados cuyas palabras tradujo, la mayoría procedentes de Guatemala, no acabaron de entender los delitos que se les imputaron ni los derechos a los que muchos de ellos renunciaron.
Declara que le sorprendió la rapidez con la que se desarrollaron los procesos y la presión que los fiscales sobre los acusados y sus abogados al presentar cargos delictivos contra ellos en lugar de deportarlos inmediatamente. Asegura que los abogados de la defensa tuvieron poco tiempo para reunirse con los clientes asignados por el tribunal o para hablar en privado. La mayoría de los guatemaltecos no sabía leer ni escribir, declara, y muchos de ellos no eran conscientes de que se encontraban ante un tribunal penal.
“La gran mayoría de ellos creía que la razón por la que estaban allí era por tratarse de inmigrantes ilegales, no por fraude a la seguridad social”.
Durante las rápidas vistas celebradas en mayo, 262 de los inmigrantes ilegales se declararon culpables en una semana y fueron condenados a ingresar en prisión, la mayoría de ellos durante 5 meses, por haber utilizado a sabiendas tarjetas falsas de la seguridad social o documentos de residencia para obtener trabajo en la fábrica procesadora de carne kosher en el pueblo vecino de Postville. Fue la mayor operación de enjuiciamiento penal jamás llevada a cabo por las autoridades de inmigración en un centro de trabajo. El ensayo dio pie a nuevas dudas sobre los procedimientos legales, que ya habían sido criticados por la defensa y los abogados de inmigración por no garantizar el derecho de los inmigrantes a un juicio justo.
Bob Teig, portavoz de Matt M. Dummermuth, fiscal del Gobierno para el Distrito Norte de Iowa, asegura que los derechos constitucionales de los inmigrantes estuvieron garantizados en todo momento. “Una vez tomadas sus decisiones, dos agentes judiciales independientes entendieron que los detenidos estaban decidiendo libre y voluntariamente, que estaban satisfechos con sus abogados y que eran, de hecho, culpables”.
En las vistas, Camayd-Freixas trabajó con una abogada de la defensa, Sara L. Smith, traduciendo sus conversaciones con nueve de los clientes a los que representaba.
También trabajó en los tribunales durante los alegatos y las vistas para sentencia. El catedrático reconoce que pensó en renunciar a su puesto, pero consideró que podría ejercer un papel importante siendo testigo de los procesos y haciéndolos públicos.
Smith repitió en numerosas ocasiones los cargos y las opciones disponibles a sus clientes, asegura Camayd-Freixas. Pone como ejemplo la reacción de un guatemalteco, Isaías Pérez Martínez: “Daba igual cuántas veces se lo repitiera su abogado, él no paraba de decir: ‘Soy ilegal, no tengo derechos. No soy nadie en este país. Hagan lo que quieran conmigo”.
En los procesos de aceptación de culpabilidad ofrecidos por Dummermuth, los inmigrantes tenían la opción de declararse culpables por utilización fraudulenta de documentación e ingresar en prisión durante cinco meses. Si no, los fiscales los acusarían de cargos más graves de suplantación de personalidad, lo que implicaría una sentencia obligatoria de dos años.
De cualquier manera, serían finalmente deportados aunque fueran declarados inocentes. Los inmigrantes aceptaron inmediatamente declararse culpables porque creyeron que sería la manera más rápida de volver a casa.
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