La mayoría constituyente ratificó anoche texto sobre el Sistema Nacional de Comunicación.

La Asamblea Nacional (antes Congreso) tendrá  un año para expedir una Ley de Comunicación que regule, entre otros temas, el denominado Sistema Nacional de Comunicación. Así consta en el texto constitucional que fue ratificado anoche por la Constituyente.

El artículo señala que el Estado será el responsable de promulgar la política pública de comunicación con respeto a la libertad de expresión.

Tal Sistema estará integrado por instituciones y actores públicos, privados y ciudadanos. Su organización y funcionamiento y las formas de participación ciudadana serán definidas en esa ley.

La creación de este sistema tuvo un pedido de reconsideración de Catalina Ayala (SP), que planteaba eliminar la referencia a la elaboración de esa normativa. Pero el oficialista de la Asamblea la rechazó.

La inclusión de ese texto en la nueva Constitución se dio en medio de críticas de la oposición, quienes cuestionaron que el contenido de los textos nunca fueron debatidos en primero y segundo debate en el pleno.

Ello ocurrió debido a que estas reformas planteadas por  Pilar Núñez (PAIS) no tuvieron acogida durante el proceso constituyente en las mesas 2 de Organización Social y Participación Ciudadana y 7 de Régimen de Desarrollo.

Incluso,  oficialistas cuestionaron la propuesta preliminar de Núñez, que era mucho más extensa, debido a que implicaba, según ellos, un control del Gobierno sobre los medios.

Ayala afirma que la creación del Sistema de Comunicación puede dar paso a un mayor control del Estado sobre los actores que conformarán este nuevo andamiaje estatal.

Una subcomisión integrada por  Jaime Ruiz, Norman Wray (ambos de PAIS) y Diego Borja (PC) fue la que elaboró las reformas, basándose, según establecieron en una carta que enviaron a la Presidencia de la Asamblea,  en “las observaciones recogidas ante el plenario (...) en segundo debate que se hizo el  14 de julio del 2008”.

Pero lo que más generó polémica en los bloques de oposición fue la  transitoria en la que se da un plazo de 30 días contados desde que se apruebe la nueva Carta Magna, para que la Función Ejecutiva audite las concesiones de las frecuencias de radio y televisión. Para ello se creará una comisión que deberá elaborar un informe en un plazo máximo de 180 días desde que inicie su trabajo.

Ayala dice que la auditoría puede convertirse en mecanismo de presión  frente a nuevos procesos electorales vitales.

Acosta se va el 26
El ex presidente de la Constituyente, Alberto Acosta (PAIS),  anunció su salida de la Asamblea a partir del 26 de julio, pues dijo que no se quedará a formar parte de la Comisión Legislativa. Hizo observaciones a los textos del régimen transitorio, como sobre el tema de insistir en la destitución de un sector de magistrados y que la Asamblea en pleno tiene que volver a autoconvocarse luego de la aprobación del referéndum. Dijo que una vez aprobado el referéndum vendrá su suplente y que la próxima semana presentará la renuncia irrevocable, pues su mandato ya concluyó.

CSJ divide posturas
La transitoria que define la suerte de los jueces y que debate la Asamblea dividió en dos bloques al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ente que prepara una reunión para el lunes, en la que emitirá un pronunciamiento.

Ayer, la idea inicial de los jueces de presentar una renuncia masiva se quedó sin piso, frente a la decisión de la Asamblea, que se alineó por destituir a 21 ministros y mantener a diez jueces que lograron el puntaje más alto en el concurso de méritos que sirvió para seleccionarlos.

La jugada de la Asamblea, según la magistrada Ana Abril, cumplió dos objetivos: romper la unidad en el tribunal y legalizar el proceso de cooptación (elección de jueces) que deberán emprender los que sigan en funciones.

Mandato agrícola
La Asamblea tiene previsto aprobar la próxima semana el mandato agrícola. El mandato busca exonerar a los importadores y productores de fertilizantes y agroquímicos del pago del Impuesto a la Renta,   y también incluyó la creación de un seguro agrícola y una especie de bono para los pequeños y grandes productores por la compra de agroquímicos. Los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social se encargarán de los cambios.

Mandato eléctrico
Los asambleístas Irina Cabezas, Sofía Espín y Trajano Andrade (PAIS) presentaron  una propuesta de mandato que promueve el establecimiento de una tarifa única y ordena el cruce de cuentas entre agentes del sector eléctrico. “Esta propuesta apunta a que los usuarios se beneficien de tarifas uniformes a nivel nacional y que el Estado sanee sus cuentas afectadas”, según sus autores.

Cambios de domicilio
El Tribunal Electoral del Guayas realizará los cambios de domicilio a partir del lunes 21 de julio para quienes deseen empadronarse en esta provincia, en sus cantones y parroquias, para el referéndum del 28 de septiembre. Los cambios se realizarán en sus instalaciones y en los centros comerciales La Rotonda, Policentro, Mall del Sol, Riocentro Sur, Albanborja, Mall del Sur, Unicentro, Riocentro Ceibos, Plaza Mayor, San Marino y Trébol (Mapasingue); y además en el Malecón, Palacio de Justicia, Registro Civil (Norte y Sur),  terminal de la Metrovía del Sur (Guasmo) y sus estaciones del IESS, La Prosperina, Norte, mercado Caraguay, entre otros. Se debe presentar original y copia de cédula de identidad, certificado de votación de las elecciones pasadas (del 30 de septiembre del 2007).

Plantón
Diversas organizaciones sociales participaron ayer en un plantón para rechazar las decisiones de la Asamblea en torno a temas como la vida y la familia. Los manifestantes se ubicaron en las calles malecón Simón Bolívar y Nueve de Octubre, cerca de las 18:00. César Coronel, de Juventud Ecuador, asistió a la convocatoria para rechazar un “centralismo camuflado” en la nueva Constitución.