Viernes 18 de julio del 2008 Política

Asamblea cumplirá agenda legislativa

MONTECRISTI, Manabí

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MONTECRISTI, Manabí. La mesa 10 de Legislación y Fiscalización sesionó ayer desde las 08:00, para avanzar en textos.

La Ley de Contratación Pública, las reformas Tributaria y al Código de Ejecución de Penas e inclusive la nueva Ley de Tránsito, los mandatos para eliminar la Universidad Cooperativa de Colombia, para el sector agrícola, más una amnistía serán evacuados de una forma rápida en los próximos días en el Pleno.

Para lograrlo, el trámite previsto para estas normas es la votación por informes de mayoría (no por artículos); aunque, tanto la Ley de Contratación Pública, como la nueva Ley de Tránsito contienen unos 300 artículos.

Pese a que  esto estaba previsto para hoy, fuentes de la mayoría reconocían la mañana de ayer que esto dependería de “lo bien que les vaya” con la aprobación de la transitoria del “Régimen de Transición” y la resolución de las reconsideraciones pendientes (programadas para anoche).

La mesa 10 de Legislación y Fiscalización se reunió ayer para, en una hora, hacer las últimas modificaciones a la Ley de Contratación Pública y remitirla a la Comisión Directiva y; aprobar el mandato para eliminar a la Universidad Cooperativa de Colombia y poner el plazo de un año al Consejo Nacional de Educación Superior para que “revise” las instituciones de educación superior en el país.

Los dos temas fueron aprobados con nueve votos de PAIS, RED, HN y PK; mientras el ex rector Milton Altamirano (ex diputado del PSP), anunciaba en los pasillos que el Consejo Directivo de la Universidad Cooperativa de Colombia decidió una autoderogatoria de la institución el pasado 14 de julio, “porque no se prestarán a ningún juego político”.

Las irregularidades en esta universidad van desde que se ofrecía dar títulos en 295 carreras, cuando solo estaban autorizadas a hacerlo en seis, hasta la expedición de miles de títulos de manera veloz.

Los estudiantes podrán hacer las demandas pertinentes y tendrán la “opción” de reubicarse, tras una evaluación de sus expedientes, en 180 días, por una “administración temporal”.

Finalmente hay la decisión de aprobar la amnistía para personas que se opusieron a las minas en Bolívar, Chillanes, Las Naves y Azuay.
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