Se complica la situación legal del Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, tras la decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de pedir autorización a la Asamblea Constituyente para juzgarlo por el presunto delito de peculado y tráfico de órganos.

La notificación a la Asamblea fue remitida por la CSJ la tarde de ayer, con lo cual el vocal de la mesa directiva, Jorge Escala, indicó que adoptarán una posición sobre la situación de Mueckay durante la reunión que mantendrán en las primeras horas de hoy.

Según Escala, por la urgencia del tema no se descarta que la mesa directiva convoque a una sesión extraordinaria para tratar el pedido, en vista de que a la Asamblea aún le quedan cinco días de trabajo.

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Mientras, el pleno de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) asumió la responsabilidad en la determinación de indicios de culpabilidad por los delitos malversación de fondos públicos y otros, en contra del Defensor del Pueblo.

Con ello el presidente del organismo, Ramiro Larrea, descartó que sean verdad las declaraciones de Mueckay, en las que culpó de ser el denunciante del caso al ex director ejecutivo de la comisión y actual fiscal subrogante, Alfredo Alvear.

Según Larrea, en cumplimiento de sus obligaciones, Alvear firmó el boletín de ese caso en marzo del 2006, pero no fue el encargado de indagar y elaborar dicho documento.

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También dio a conocer que la nueva prueba sumada al caso se consiguió por el aporte que hizo el ex líder de los migrantes, ahora fallecido, Juan Carlos Manzanillas.

En su investigación, la CCCC determinó indicios de que, con el conocimiento de Mueckay, los ex directores de los derechos humanos en Europa, Carlos Guevara Coello y Rita Gortaire, perjudicaron a los familiares de los emigrantes fallecidos en España, al cobrar indemnizaciones a su nombre.

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La Contraloría determinó responsabilidades civiles a Mueckay, por realizar transferencias a España sin justificativos. Por ello dictó una glosa de 58.054 dólares.