El Ecuador enfrenta una situación política consecuencia de la necedad de una  clase política inconsciente de su ocaso  y muerte, que en su ceguera  ha arrastrado al país a convertirse en símbolo  de inseguridad jurídica y política en Latinoamérica.

Los ecuatorianos votamos por el cambio, y lo hicimos en forma mayoritaria y abrumadora por una Asamblea Constituyente que alumbre una nueva democracia basada  en el respeto a los derechos individuales y colectivos que plasmados en la nueva Constitución, se convierta en el marco de un resurgimiento de la institucionalidad en el país.

El camino en la frontera de la supralegalidad y la legitimidad es tan sensible, que solo puede ser demarcado por la voluntad del soberano expresado en las urnas.

Nadie puede dudar  de la legitimidad de la decisión de convocar a una Asamblea Constituyente, ni del mayoritario respaldo que el movimiento del Gobierno nacional recibió en las urnas, y  que eligió a los asambleístas para hacer una nueva Constitución en la línea  del cambio deseado por los ecuatorianos.

Siendo clara la supralegalidad y legitimidad en la que se desenvolvió la convocatoria a Asamblea Constituyente y su instalación, grave sería que en su culminación  se le reste legitimidad a un tema tan importante como la  elección de una  Comisión Legislativa de Transición, que haciendo las veces de Poder Legislativo, no esté respaldada por la decisión del pueblo en las urnas.

La política, según muchos autores, es el arte de gobernar  dentro de lo posible, por lo que dado el calendario electoral de que se dispone, considero como única vía para transparentar la transición, que de entre los ciento treinta asambleístas elegidos legítimamente, el pueblo pueda escoger 46 que conformen la referida Comisión Legislativa, esto es, integrarla con el treinta y seis por ciento de los asambleístas, en función de los necesarios ajustes proporcionales por la representación provincial.

La operatividad de esta elección se haría mediante una segunda papeleta electoral en el referéndum de septiembre, respetando las vertientes de elección de los asambleístas, esto es, nacionales, provinciales y migrantes.

En las elecciones en cada provincia, la segunda papeleta se dividiría en dos grupos, uno conformado por los doce asambleístas nacionales y el otro  por los asambleístas provinciales. En el caso de los migrantes, los dos grupos estarían integrados por los asambleístas nacionales y por los asambleístas representantes de las regiones del exterior.  Los nombres de los asambleístas candidatos constarán en la segunda papeleta en orden alfabético.

Los miembros de la Comisión Legislativa serían los más votados hasta completar el número de 49, respetando las vertientes y proporcionalidad nacional, provincial y migrantes, con lo cual la integración de la Comisión Legislativa será proporcional a la preferencia popular en el referéndum de septiembre, por el Sí o por el No, de la vigencia de la nueva Constitución.

De la forma expuesta nadie podrá dudar de la legitimidad de la Comisión Legislativa de Transición, pues esta habría sido conformada democráticamente por decisión del pueblo ecuatoriano.