La Junta Bancaria (JB)  señaló, en un comunicado, que este órgano no estableció las vinculaciones de empresas con los ex accionistas de Filanbanco para las incautaciones realizadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Por lo que calificó de “inexactas las declaraciones atribuidas a la ministra de Finanzas (Wilma Salgado)”. Esta funcionaria dijo textualmente que  “yo no tengo la información detallada de a base de qué argumentos la Junta Bancaria estableció la vinculación (del grupo Isaías con Industrias Toni)”.

En tanto, por haber aceptado bienes sobrevalorados como parte de pago de las deudas de Filanbanco al Estado, la Procuraduría solicitó revocar el sobreseimiento definitivo y acusar al ex miembro del directorio  de la AGD, Patrick Barrera, en  el caso que investiga la quiebra de Filanbanco, que perjudicó al fisco en $ 1.465 millones.

Las afirmaciones las hizo Antonio Padilla, representante de la Procuraduría, quien asistió a la audiencia que se efectuó ayer en la primera sala penal de conjueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por pedido de Enrique Echeverría, abogado de Barrera.

Según Padilla, en los años del trámite del caso Filanbanco (más de ocho), la Procuraduría defendió los intereses del Estado con argumentos jurídicos, no políticos. Con ello, respondió a la familia Isaías, que afirma que el proceso responde a una persecución política.