El texto se vota hoy en el pleno y se agrega la creación del Sistema Nacional de Comunicación.

En un plazo máximo de 30 días a partir de la vigencia de la Constitución, la Función Ejecutiva conformará una comisión para la auditoría de las concesiones de  frecuencias de radio y televisión, cuyo informe deberá ser entregado en máximo 180 días, según una de las transitorias que se votan hoy.

El Sistema Nacional de Comunicación sí será incluido en el articulado de la nueva Constitución, una comisión integrada por Norman Wray, Diego Borja y Jaime Ruiz incorporaron el artículo y la disposición transitoria en mención.

Pilar Núñez (PAIS) explicó que el texto estará dentro de los artículos que se refieren al Régimen de Desarrollo y aclaró que nunca ha estado contemplada la posibilidad de crear un Consejo Nacional de Comunicación para el control de contenidos.

“En ningún momento ese fue nuestro planteamiento, lo que se está hablando es de posibilitar una auténtica participación ciudadana.
Estamos poniendo un sistema de comunicación que sirve para asegurar la libertad de expresión e información, es voluntario formar parte del sistema”, manifestó la constituyente.

Núñez, representante de Pichincha,   señaló que el sistema de comunicación en el Ecuador está “un tantito desorganizado” y lo que se plantea es la necesidad de incorporar lo que ya existe a las políticas públicas, “conjunto de principios que guían las actividades”.

Wray también descartó que se vayan a controlar los contenidos de los medios, sino que por el contrario, estos serán garantizados. “De lo que se trata es de regular la garantía del pleno ejercicio”, agregó.

Según la propuesta, el Sistema de Comunicación abarcará a todas las instituciones públicas que hacen comunicación, las comunitarias y privadas que voluntariamente quieran ser parte del mismo.

El Estado formulará una política de comunicación en la que garantiza irrestrictamente la libertad de expresión y los derechos de la comunicación, contemplados en la Constitución y tratados internacionales. El sistema de comunicación es obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado que esté dentro del sistema.