No le faltó el respeto al Primer Mandatario. Tampoco discrepó con él en ningún asunto ético o ideológico. Solo manifestó su desacuerdo con la ubicación de una refinería. Aun así, recibió del Presidente una reprimenda en público y un grosero calificativo. Con ese gesto, no solo se  faltó el respeto a una asambleísta; también se  lesionó la majestad de la Presidencia de la República (que Rafael Correa constantemente dice defender), y se lo hizo en un acto de trascendencia internacional. Pero estamos tan acostumbrados a que el Presidente ofenda, que algunos casi lo consideran “normal”.

Justificar esto atribuyéndolo a la personalidad del jefe de Gobierno es burlarse de la inteligencia de los ecuatorianos. Los insultos en la vida personal son una mala costumbre, pero en la actividad política de los mandatarios son un acto de poder con un profundo significado. Implican desprecio a los demás, a los que piensan distinto, a los que no se someten.

Las ofensas seguirán, ya no queda  duda. La pregunta es si lo permitiremos.