Argentina se hundió este jueves en la peor crisis política de los últimos años luego de que el Senado rechazara, con el voto clave del vicepresidente de la nación, una polémica alza en los impuestos agrícolas con la que el Gobierno peronista buscaba reafirmar su poder.

El sorpresivo fracaso oficialista en aprobar la norma, que buscaba elevar los gravámenes a las millonarias exportaciones de soja para financiar el creciente gasto público y contener la inflación, es un duro golpe para la presidenta Cristina Fernández, criticada por un agresivo estilo de gestión.

Tras 18 horas de tenso debate, el vicepresidente argentino y presidente del Senado, Julio Cobos, decidió inesperadamente dar la espalda a Fernández y votar contra la norma, desempatando una reñida votación en la Cámara alta que el Gobierno pensaba tenía ganada.

"La presidenta va a entender. No puedo acompañar, estoy actuando conforme a mis convicciones", dijo tras votar un nervioso Cobos, que surgido de la opositora Unión Cívica Radical se alió con el peronismo para integrar la fórmula que ganó las elecciones presidenciales de octubre pasado.

Horas después de la votación, Cobos aseguró que no renunciará a la vicepresidencia. "No se me cruza la voluntad de renunciar. Actué de acuerdo a mi conciencia, creo que era lo mejor", aseguró.

El aumento impositivo había llegado al Congreso en junio, luego de que huelgas rurales y bloqueos de rutas que dañaron la economía llevaron al Gobierno a buscar respaldo parlamentario a la medida aplicada en marzo a través de una resolución.

En Chicago, los precios de la soja cotizaban en baja tras la derrota del Gobierno en el Congreso, en tanto que las acciones en la Bolsa de Buenos Aires y los bonos argentinos subían con los inversores considerando que el largo conflicto con el sector agropecuario podría estar cerca de su fin.

Sin embargo, dirigentes agropecuarios se mostraron cautelosos a la espera de que el Gobierno anuncie que derogará la resolución del Ministerio de Economía que impuso el alza impositiva en marzo.

"El conflicto no está resuelto todavía. Hay que seguir en el reclamo", dijo a la televisión Alfredo De Angeli, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) de la provincia de Entre Ríos, una de las entidades que lideran la protesta.

Fernández, quien acusó a los sectores agropecuarios de "golpistas", siempre aseguró que el alza en los impuestos a la exportación de soja busca redistribuir la riqueza que está dejando el cultivo más grande y rentable de Argentina.

Además defendió la norma porque ayudaría a mantener a raya el valor de los alimentos en el mercado local en medio de una alta inflación generada por la fuerte demanda internacional de granos.

Pero, según analistas, el Gobierno necesita los fondos para financiar un creciente gasto público y pagos de deuda.

El inesperado giro en la definición en el Senado -días después de que la norma fuera aprobada por los diputados- podría marcar un antes y un después en el estilo de gestión de Fernández y de su esposo y ex presidente Néstor Kirchner, de gran influencia en el Gobierno.