Acusado.

Con una contrademanda, por prevaricato (anticipar criterios) en contra del fiscal subrogante, Alfredo Alvear, el defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, se defendió de las acusaciones de peculado que le formuló la Fiscalía, organismo que pidió a los jueces dictar una orden de prisión en su contra.

El pasado 8 de julio, Alvear acusó a Mueckay de perjudicar al Estado cuando contrató personal en Europa, con sueldos de la Defensoría, sin tener atribuciones para ello. Además, lo responsabilizó de un presunto tráfico de órganos, delito que se habría configurado en la repatriación de los ecuatorianos fallecidos en el exterior.

La demanda de Mueckay fue presentada ante la secretaria de la Fiscalía General, bajo el argumento de que Alvear inició la etapa investigativa (instrucción fiscal) del proceso, sin antes haber solicitado el levantamiento de su inmunidad.

Mueckay sostiene que Alvear se convirtió en juez y parte, ya que en 1996, cuando ocupó un alto cargo en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), fue el denunciante de este caso. También sostiene que actuó contra la ley cuando solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la reapertura de una instrucción fiscal que ya fue archivada.

Alvear defendió sus actuaciones al indicar que la reapertura del caso es una consecuencia de las nuevas pruebas aportadas al proceso.

El magistrado de la tercera sala penal de la CSJ, Hernán Ulloa Parada, (sin anticipar criterios, pues la sala que integra será la encargada de dar trámite al pedido de Alvear), explicó que la ley les otorga 72 horas para tomar una decisión sobre la procedencia de solicitar a la Asamblea la autorización para juzgar a Mueckay.