Creo que todos estamos perdiendo la cordura. La Asamblea en un acto totalmente alejado de la más elemental norma legal pretende y en efecto lo ha hecho, blindar la incautación o confiscación de bienes de los señores Isaías ordenada por la AGD en salvaguarda, se dice, de los legítimos intereses de los depositantes de Filanbanco. ¿Pero eso es posible?

Blindar una decisión judicial es solo posible cuando el asunto litigiosos ha pasado en autoridad de cosa juzgada por sentencia ejecutoriada de última instancia, algo que los asambleístas parecen no saber, blindar una acción administrativa como la dispuesta por la AGD es atentar contra todo principio de legalidad y del debido proceso porque pueden haber resultado de esa incautación o confiscación empresas y personas perjudicadas en sus legítimos derechos, ya que por norma siempre será apelable cualquiera resolución administrativa y esta lo es.

La misma actual ministra de Economía, nombrada por obra y gracia de una decisión incomprensible, ha dicho que esa decisión está sujeta a que se prueba la verdadera propiedad de los bienes, asunto que debió hacerse antes de ordenar la acción administrativa.

Sostengo que el Estado tiene todo el derecho de resarcirse de los daños económicos que le causaron las malas administraciones de los banqueros quebrados, ya que también he sido perjudicado por esas acciones no solo por el congelamiento de mis ahorros sino por la pérdida que sufrieron con la dolarización, así que nada me vincula con ningún banquero pero el respeto a la ley debe ser irrestricto y dentro de él al de la legítima defensa, así que el blindaje dispuesto por la Asamblea con todas sus connotaciones de amenazas y persecución no tiene ninguna razón de ser.

Lo que estamos haciendo es birlar el derecho y la justicia de terceros perjudicados y eso solo es posible en gobiernos totalitarios o en dictaduras declaradas.

Héctor San Martín Jordán,
doctor, Quito

Cuando quebró el Banco del Progreso se incautaron bienes muebles e inmuebles de Fernando Aspiazu, entre ellos  El Telégrafo y  SíTV; son 2 medios de comunicación. Pregunta: ¿por qué en ese tiempo no dijeron nada acerca de la libertad de expresión? La respuesta es: en ese tiempo no estaba como presidente Rafael Correa  y no había una Asamblea Constituyente; claro, lo que hacía el Gobierno de ese tiempo estaba en lo correcto y, ojo, cuando estos fueron incautados, ni el Gobierno ni la AGD delegó a alguien para que estos sean administrados  ¿y cuál fue el resultado? Fue el desempleo.

En la actualidad: se incautaron las empresas del Grupo Isaías, entre estas tres canales de televisión, y vienen a decir que ya no hay libertad de expresión ¿Acaso los clausuraron? No. Fueron incautados.

Si hubieran sido clausurados, ahí sí tendríamos  que luchar por nuestra libertad de expresión. Pero estos son incautados por una deuda desde  hace diez años. No entiendo la pregunta que se le hace a este Gobierno: ¿Porqué la incautación se la hace después de diez años? Acaso el presidente Rafael Correa nos lleva gobernando diez años? Esa pregunta deben responderla los cuatro presidentes que han pasado en diez años; quizás ninguno tuvo los pantalones bien puestos para hacerlo o ninguno tuvo tiempo de pensarlo ya que fueron derrocados en tan corto tiempo. Recalco, ellos cuatro deben responder por qué no fueron incautados estos bienes en sus respectivos gobiernos.

Se habla de que  El Telégrafo  no se vendió pero las instalaciones de  SíTV  sí, y ahora nos quejamos porque el Estado los tiene trabajando; miremos el beneficio que ha ocasionado esto; si hay un canal estatal y un diario estatal estos están produciendo trabajo. ¿En qué nos beneficia un edificio vacío?

No creo que este Gobierno nos quite nuestra libertad de expresión; estoy segura de que nos está demostrando que no solo al pobre le pueden incautar su cocina porque no pagó, sino que también a los ricos se les pueden incautar sus empresas por deudas, y que las ricos no son intocables. Creo en la equidad y la ley es para todos.

Glenda Baquerizo Yela,
Guayaquil

Recién acabo de comprender lo que es el tan cacareado Socialismo Siglo XXI. Lo comprendo así:

Retroceder treinta y más años a la época de las dictaduras militares para seguir sus métodos.

Encargar a los militares el manejo de empresas para cuyos cargos no están preparados.

Formar tribunales especiales para juicios especiales.
Perseguir a periodistas “no alineados” con el régimen.
Tratar de callar a la oposición.
Confiscar medios de comunicación.
En otras palabras, Socialismo Siglo XXI significa retroceso.

Carlos R. Cabezas,
ingeniero mecánico, Guayaquil

En la edición del 12 de los corrientes el Sr. Xavier A. Flores Aguirre reproduce algunas mendaces afirmaciones de la novela de Diego Cornejo intitulada Miércoles y Estiércoles y aprovecha la ocasión para atacarme con vagas generalizaciones, por hechos ocurridos durante mi administración  presidencial (1984-1988) y que han sido juzgados no solo por los Tribunales de la República, sino por la historia.

En el caso concreto la lamentable desaparición de los hermanos Restrepo, obedeció a excesos de la fuerza policial que fueron oportunamente juzgados. En el juicio penal correspondiente fueron sobreseídos definitivamente los ex ministros de Gobierno, Lcdo. Luis Robles Plaza y el Dr. Heinz Moeller F.; fue sobreseído provisionalmente el Crnel. César Gallegos; así como fueron condenados como encubridores el Gral. Gilberto Molina y el ex agente Hugo España; como cómplices el Crnel. Trajano Barrionuevo, el Tnte. Juan Sosa y la Sub-Tnte. Doris Morán; y como autores el ex Sgto. Guillermo Llerena y Víctor Badillo. Insinuar que las autoridades de la época fuimos cómplices de estos hechos resulta una insensatez que la rechazo como hombre de honor.

León Febres-Cordero Ribadeneyra,
Guayaquil

Soy una afiliada que se acercó a las oficinas del IESS para realizar el trámite de solicitud de préstamo hipotecario el día 18 de abril del presente.  Procedí a la entrega de todos los papeles en regla para la aprobación del mencionado crédito, indicándoseme que el trámite hasta el desembolso del dinero demoraría 45 días. Todo ello gracias a la contratación de una empresa internacional especializada en el proceso.

Como no se encontró ningún error en la entrega de los documentos, estos fueron aprobados y mi trámite inició el mismo día 18 de abril del 2008.

Sin embargo, en esta semana se cumplen 90 días de iniciado el trámite y el dinero aún no llega para el pago a los vendedores de las viviendas por adquirir.

El pasado 19 de junio se convocó a la prensa del Ecuador para que concurriera a las instalaciones del Seguro Social para cubrir el evento de la entrega de los 20 primeros créditos hipotecarios en Guayaquil. Pero todo fue una pantomima. Puesto que en ese mismo día los vendedores firmaron la escritura de compraventa ante notario público. Y en esta semana, transcurridos 30 días, aún no se recibe el dinero por parte del Seguro Social. ¿Qué vendedor en su sano juicio aceptaría vender bajo estas condiciones: 90 días después de entregar todos los papeles que le pertenecen como dueño, aún no recibe su dinero?

Adicionalmente, para poder cumplir con el valor total del bien por adquirir, los afiliados realizamos el trámite de entrega (a través de una promesa de compraventa elevada a escritura pública) del 20% de entrada del valor del bien.  Indicando en la misma que el plazo para la entrega del restante 80% sería de 45 días por parte del Seguro Social, tal como lo anuncia incluso hasta hoy el IESS.

Es así que nos encontramos actualmente sin el 20% de entrada, sin la casa “supuestamente comprada”, y con una probable demanda de parte de los vendedores por la diferencia del 80% que aún no reciben luego de 30 días de haber firmado escrituras.

¿Quién responde ante este vejamen que sufrimos los afiliados del seguro?

Nathalia Viviana González Astudillo,
Guayaquil