El Senado argentino enfrenta este miércoles la difícil misión de ratificar o rechazar el plan oficial de elevar los impuestos a las exportaciones agrícolas, una medida que desató la furia del sector rural y tumbó la popularidad de la presidenta, Cristina Fernández.

La sesión comenzó por la mañana y aún es incierto si el Gobierno, que es mayoría en la Cámara Alta, podrá conseguir los votos necesarios para que se apruebe el proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados por una mínima ventaja tras cuatro meses de una fuerte disputa que dañó la economía.

Medios de prensa argentinos decían al caer la tarde que el Gobierno tiene asegurada la cantidad de votos que le garantizan la sanción de la ley, aunque mediante una reñida votación.

Los legisladores se sentaron a sus bancas un día después de que cientos de miles de personas asistieron a dos masivos actos en Buenos Aires, uno en apoyo del Gobierno y otro del sector agropecuario, en los que se buscó influenciar a los senadores.

La incertidumbre y la tensión iban en aumento a medida que se acercaba el momento de la votación, que a criterio de fuentes legislativas podría concretarse hacia la medianoche argentina (03:00 GMT del jueves).

El tránsito en los alrededores del Congreso era interrumpido por la cantidad de público que se volcaba al lugar.

El miércoles, cientos de seguidores del Gobierno se reunieron frente al Congreso para presionar a los legisladores, mientras que numerosos representantes del sector agrario seguían el debate del Senado a través de una pantalla gigante instalada en un parque.

En este lugar también crecía la cantidad de asistentes.

"Todo indica que sí, que contamos con la mayoría", dijo a una radio el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. "Confío en que con la aprobación de la ley lo que vamos a recuperar es la tolerancia y salir de este debate que se ha impuesto", agregó.

Sin embargo, las especulaciones seguían sobre la decisión que tomará un par de senadores indecisos.

"Estamos técnicamente empatados y en las próximas horas sabremos cómo se van a definir los indecisos, o que por algún motivo no han querido revelar su voto", dijo la senadora María Eugenia Estenssoro, de la opositora Coalición Cívica.

Si el Senado aprueba el proyecto sin cambios, se abre una etapa en la que el sector rural promete mantener la protesta, pero el Gobierno tendrá más argumentos para defender su línea.

"Si el Congreso termina sancionando esta ley (...) nosotros encararemos de inmediato demandas masivas en todos los tribunales del país", afirmó a periodistas Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina.

"Estaremos estudiando mañana qué tipo de protesta vamos a ejercer", agregó el dirigente de una de las cuatro asociaciones rurales en protesta.

Por el contrario, si el Senado la rechaza, la iniciativa volverá a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno necesita dos tercios de los votos para ratificar su plan, un número que parece muy alto según el resultado de la anterior votación en la Cámara Baja.

SOJA

La medida sube los impuestos a las exportaciones de soja y derivados -el mayor complejo exportador del país- y busca redistribuir entre toda la población la renta adicional que goza el sector rural por los altos precios internacionales.

Pero los productores vieron en la medida un intento del Gobierno de exprimir su rentabilidad para sostener un creciente gasto público y desde marzo sostienen un plan de huelgas y cortes de carreteras que generaron desabastecimiento de alimentos en grandes ciudades.

La economía argentina lleva cinco años de fuerte expansión gracias a un fuerte rebote del consumo doméstico tras el colapso financiero del 2001, mientras que los altos precios de las materias primas también motorizaron la reactivación del país, uno de los mayores proveedores globales de alimentos.

Según la visión de los productores, los impuestos a las exportaciones agropecuarias "salvaron" al país tras esa crisis y critican al Estado por no encontrar otras vías de generar recursos.

La disputa comenzó siendo por dinero, pero se transformó en una batalla política en la que el Gobierno aseguró que los productores responden a un plan para dar un golpe de Estado y destituir a la presidenta, lo que despertó el rechazo de las clases medias altas que decidieron apoyar al agro.

Según los periódicos locales, el acto organizado el martes por el Gobierno frente al Congreso -en el que el máximo orador fue el ex presidente y líder del gobernante partido peronista, Néstor Kirchner- convocó a unas 100.000 personas.

Pero la manifestación en favor del sector agropecuario, algo inusual en Buenos Aires, colmó el sector norte de la ciudad con más de 220.000 personas que se apiñaron a lo largo de cinco cuadras de la avenida más elegante de la ciudad.