El Expediente de Regulación de Empleo de Martinsa-Fadesa que supone la extinción de los contratos laborales prevé afectar a 234 personas de una plantilla laboral compuesta por 880 trabajadores.

Los sindicatos consideran que el derrumbe del sector inmobiliario en España y acentuado con la crisis de esa compañía española impactará indirectamente en las subcontrataciones, en las cuales están involucradas con empleos más de 3.000 personas, y a las firmas proveedoras.

Es precisamente en este tipo de empresas donde se estima que se encuentran involucrados casos de trabajadores inmigrantes que resultarían perjudicados con la crisis.

El sector que mayor demanda de mano de obra extranjera utiliza es el de la construcción. Su situación, denominada la crisis del ladrillo, ha llevado al desempleo a más de 60.000 inmigrantes.

En tanto, pero en menor medida, se encontrarían las personas que  adquirieron un departamento a la empresa Martinsa-Fadesa y que permanecen a la espera de su entrega.

Las diversas organizaciones defensoras de los consumidores en España recomendaron no dejar de cancelar las cuotas de sus viviendas porque de lo contrario “se produciría una ejecución judicial por impago”, lo que agrava la situación.