La Constituyente deberá autorizar a la Corte Suprema el inicio del proceso  en contra de Mueckay.

El pedido de prisión formulado por el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, en contra del defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, podría quedar en suspenso, si la Asamblea Constituyente, que en esta semana entra en su recta final, no autoriza a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el inicio del proceso penal y dar paso a la medida cautelar.

Una de las tres salas de la CSJ será la encargada de pedir a la Constituyente el levantamiento de la inmunidad de Mueckay, que según la Fiscalía, incurrió en abuso de fondos públicos (peculado) cuando utilizó su puesto para crear cargos y nombrar funcionarios en el exterior a quienes se pagaba remuneraciones de la Defensoría del Pueblo.

En el mismo delito fueron implicados los colaboradores de Mueckay: Byron Arboleda Guerrero, director financiero; y, Jorge Rolando Pozo, pagador.

Según la Fiscalía, Mueckay realizó las designaciones utilizando un convenio (de febrero de 2001) suscrito entre la Defensoría, la Cancillería y la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, que servía para asistir a los familiares de los nacionales fallecidos en el extranjero.

Así se designó a Rita del Carmen Gortaire y a Carlos Guevara Coello, como directores de derechos humanos de Europa, funcionarios que luego fueron destituidos por supuestas irregularidades en los trámites de repatriación de los cuerpos de compatriotas fallecidos.

Esta situación dio paso a los reclamos de los herederos de los fallecidos en España, que no recibieron las indemnizaciones que les correspondía y que asciende a $ 300 mil, según el fiscal  Alvear.

En septiembre del 2007 este caso fue archivado por la Segunda Sala Penal de la CSJ. Pero en enero pasado, la Comisión Anticorrupción aportó nuevas pruebas,  y se reabrió el caso.

Mueckay rechazó ayer la instrucción fiscal y afirmó que los nombramientos que hizo fueron respaldados por la Procuraduría.

¿No será  que la venganza de Porta tiene un brazo ejecutor: es el doctor Alvear? señaló Mueckay en relación a que peritos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) determinaron que Conecel S.A (Porta) perjudicó a sus usuarios en más de 73 millones de dólares por concepto de redondeo de tarifas entre 1993 hasta 1999.
Esta investigación se realizó por pedido de la Defensoría del Pueblo.

Detalles
DENUNCIAS

Glosas
La Contraloría determinó responsabilidades civiles a Claudio Mueckay, por realizar transferencias a España sin justificativos. Por ello dictó una glosa de $ 58.054.

Declaración
Según la declaración de una testigo, Mueckay le ofreció
$ 500  para que realice una declaración juramentada a su favor (por enfrentar denuncias de venta de órganos), a cambio de ayudar a realizar los trámites para una indemnización.