“Debo llevar el pan a mi casa”, afirmó Nixon Alvarado, quien se dedica desde el año pasado a ser taxista informal.

Alvarado, quien está asociado a la Cooperativa de Autos y Camionetas Pascuales, dijo que está dispuesto a seguirse “arriesgando” a que lo detengan o a que le retiren temporalmente su licencia de conducir, pues es la única actividad que tiene para ganarse la vida.

Walter Bustos, presidente de Corporación Eloy Alfaro, que agrupa a unas 200 unidades en Guayaquil, afirmó que la misma posición la tienen por lo menos 1.000 taxistas informales.

Bustos afirmó que la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) debe suspender los operativos en contra de los taxis informales hasta que se resuelva su legalización ofrecida en abril pasado por el presidente de la República, Rafael Correa. 

Informó que ayer los dirigentes de la Unión Nacional de Transportistas Ejecutivo Comercial (Unatec) conversaron en Quito con Correa, quien –aseguró Bustos– les ratificó su apoyo y les afirmó que el proyecto de nueva Ley de Tránsito (en el que constaría  su legalización) será analizado a tiempo por la Asamblea Nacional Constituyente.

Los informales también tenían previsto conversar con el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, a quien le pedirán que interponga “sus buenos oficios” y disponga a la CTG que suspenda los operativos en su contra hasta que se analice el proyecto de ley.

Bustos insistió en que su sector desea ser regulado, y afirmó que el usuario tiene derecho a contar con una  alternativa de transporte que le ofrezca un buen servicio.