La ministra de Economía y Finanzas, y ex gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, indicó esta mañana que los dueños y administradores de las empresas incautadas en el caso Filanbanco son los que deben demostrar la real propiedad.

Mientras esto se resuelva, dependerá el tiempo que demore el proceso.

En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), Salgado explicó que la orden de incautación es una medida administrativa y cautelar, por lo que existe el derecho a la defensa, que en este caso consiste en demostrar la real propiedad de los bienes incautados.

Agregó que la medida fue tomada en base a información de fuentes oficiales que muestran la vinculación de estas empresas con el Filanbanco.

Además enfatizó que lo importante es mantener esas empresas operativas. "Por eso pedimos la colaboración de los trabajadores, de tal forma que buscamos precautelar sus puestos de trabajo y reuperar los recursos de todos los ecuatorianos".

Ante los cuestionamientos de por qué no aplicó el artículo 29 de la ley de la AGD que permitió las incautaciones realizadas durantes la semana pasada durante su administración en el gobierno de Lucio Gutiérrez, Salgado dijo que la prioridad que tenían en esa época era trabajar con los bancos en saneamiento porque estaban a punto de prescribir las deudas.

Sin embargo, indicó que prueba de que sí aplicó dicho artículo es que "fui objeto de juicios penales y terrible persecusión que acaba de terminar con la amnistía".

La Ministra explicó que en el caso de Filanbanco, durante su administración en la AGD, no se había establecido el monto de la deuda de la entidad bancaria y la Junta Bancaria no se había pronunciado sobre el informe de la auditora internacional, reconociendo la validez de dicho informe en el que se establece el hueco patrimonial al año 1998.