Diego García, procurador general, advirtió que junto con el fiscal Washington Pesántez analizarán acciones  en contra de jueces, fiscales y autoridades de la Superintendencia de Bancos que no impulsaron los juicios a los banqueros responsables de la crisis bancaria.

García justificó las acciones de incautación de los bienes del grupo Isaías y dijo que la AGD contó con los informes necesarios para dictar la resolución.

Ayer se especuló con la incautación de la empresa Plásticos Ecuatorianos, de Francisco Alarcón, hijo del ex miembro del directorio de Filanbanco de igual nombre.

¿Las incautaciones de los bienes de los Isaías, ordenadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), se ajustan a la ley?
Así es. Lo fundamental es que la AGD contó con los informes necesarios para dictar la resolución de incautación de bienes de los hermanos Isaías, es decir, la aprobación de la Superintendencia de Bancos de los informes de (la firma auditora) Deloitte & Touche y la información de las compañías y sus accionistas.

¿El blindaje a la incautación podría incidir en el proceso penal, pues los Isaías afirman que con ello se vulneró su derecho a la defensa?
No es así, el mandato no influencia al proceso penal, sino a la resolución de la AGD y a la posibilidad de que los jueces interfieran a través de amparos. El mandato no impide a los accionistas que se consideren perjudicados por la incautación, a que demuestren que sus acciones (de empresas) no están vinculadas con el grupo  Isaías. Eso lo pueden hacer a través de procesos contencioso administrativos.

Si en el proceso penal los juzga por peculado (a los Isaías) la incautación estaría justificada, pero si los absuelven, ¿querría decir que no hubo irregularidades en la quiebra de Filanbanco?
Una resolución de condena por peculado podría servir al Estado para cualquier otra resolución, pero de no ser así, el proceso administrativo no afecta al penal, ni este al administrativo.

¿Tomará acciones legales contra las autoridades (jueces, fiscales y superintendentes de bancos) responsables del estancamiento del proceso de Filanbanco y otras causas iniciadas contra ex banqueros?
En los próximos días tendré reuniones con el fiscal (Washington Pesántez) para definir acciones conjuntas contra los  funcionarios que hubieren cometido delitos, sea interfiriendo con los procesos o haciendo acciones directas para beneficiar a cualquier sector financiero o en contra del Estado.

Como abogado del Estado, ¿qué gestiones realiza para lograr la extradición de William y Roberto Isaías, acusados de peculado?
El proceso está a cargo del Fiscal General de la Nación.

¿Cuál será la defensa del Estado ecuatoriano, en caso de que la familia Isaías concrete sus amenazas de interponer demandas ante las cortes internacionales?
Analizaremos en el momento en que  se produzca, ya que aún tienen la posibilidad de plantear procesos internos, ya que el recurso de amparo no es la única acción que existe en el Ecuador, esa es simplemente una vía que tienen para impugnar las resoluciones de incautación.

El poder político que rodeó a la familia Isaías hizo imposible que el juicio penal avance en más de ocho años, ¿la Procuraduría está impulsando el proceso penal?
Pedimos que se dicte la resolución correspondiente, en el proceso que tramita la Corte Suprema de Justicia (Sala de conjueces de la Primera Sala Penal). Lo solicitamos en la última audiencia que se dio en el caso, la semana pasada.

¿De las conversaciones que promoverá con el Fiscal, también participará el presidente Rafael Correa?
En esos casos y cuando el presidente requiera conversar con cualquier autoridad  para resolver temas en conjunto. El interés del Presidente es precautelar que no se cometan acciones en perjuicio del Estado y que sus responsables no queden en la impunidad.