Ni en ese momento ni mucho menos ahora alguien pudo haber sido tan ingenuo para creer que la casualidad encadenó los hechos sucedidos en diciembre de 1998.
El primer día del mes se expidió la Ley de reordenamiento en materia económica en el área tributaria financiera, con la que se creó la AGD. Al siguiente día, Filanbanco fue puesto bajo control estatal. No, las casualidades no existen cuando están en juego cientos de millones de dólares y sobre todo cuando el poder político está estrechamente ligado al poder económico o, más concretamente, cuando depende de este. Basta con revisar las actas del Congreso de la época para saber cómo fue la votación en que se aprobó esa ley y cuáles fueron los argumentos de sus defensores. Si algún cabo quedara suelto, cabría recordar la famosa llamada que interrumpió el sueño presidencial en una madrugada de finales de noviembre, en la que se le conminó a salvar el banco que llevaba varios meses en apuros, bajo amenaza de retirarle el apoyo en el Congreso y condenar al fracaso a su naciente gobierno.
De ahí en adelante todo fue una danza de billones de sucres y millones de dólares, de papeles que iban y venían, de empresas que mágicamente cambiaban de manos, de fideicomisos en los que la chatarra se valoraba a precios de tesoros perdidos, de juicios entrecruzados, de fiscales ciegos y de jueces olvidadizos. El agua se hacía lodo para beneficio de quienes querían que no se vea lo que estaba en el fondo ni lo que se siguió haciendo en los años posteriores con los depósitos de los clientes y con los recursos que, con mano suelta, iba aportando el Gobierno.
La oscuridad era necesaria como lo es para cualquier asalto. Lo que vino después fue una enorme crisis financiera, según los técnicos, y la peor catástrofe de sus vidas para la gente común. Ambas percepciones expresaban perfectamente lo que había ocurrido, ya que al mismo tiempo se había perjudicado al Estado y habían desaparecido los ahorros y los depósitos de los clientes. Por eso no es casual que rápidamente los nombres propios de los bancos de este juego pasaran a convertirse en sinónimos de atraco, corrupción y estafa.
Es innegable que la decisión tomada por el gobierno en la madrugada del 7 de julio de este año está orientada a poner fin a esa historia. Se ha dicho que su objetivo fue puramente político e incluso se puede discutir la legalidad de los procedimientos. Sí, hay que discutirlo, pero no se puede negar su pertinencia. La diferencia con los actos realizados anteriormente se encuentra básicamente en la voluntad política, pero ella no será suficiente para sancionar a los culpables y devolver el dinero a los depositantes y al Estado. Para marcar ese punto de quiebre es necesario romper el incestuoso maridaje entre grupos económicos, política, justicia vinculada y medios de comunicación. Desafortunadamente, el mandato de la Asamblea va en la dirección contraria, no le hace favor al Gobierno ni a la transparencia.