El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió este lunes a los jueces de la CPI que emitan una orden de arresto contra el presidente sudanés Omar El Bechir por "genocidio", "crímenes de guerra" y "crímenes contra la humanidad" en Darfur (oeste de Sudán), según un comunicado.

"Lucal de la CPI, presentó hoy (lunes) elementos de prueba que demuestran que el presidente de Sudán, Omar Hasan Ahmad el Bechir, ha cometido crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur", indica el comunicado.

"La acusación ha pedido la emisión de una orden de arresto", precisa el texto.

Se trata de la primera petición de arresto de un jefe de Estado en ejercicio por parte de la CPI, el único tribunal permanente con competencias para juzgar a los autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

La Corte Penal Internacional está presidida por el juez canadiense Philippe Kirsch y cuenta con 18 jueces.

Competencias

Los crímenes que entran dentro de las competencias jurídicas de la Corte son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, entre ellos el exterminio, la esclavitud, la tortura, la violación, las persecuciones por motivos raciales, étnicos o religiosos, la deportación y el apartheid.

El "crimen de agresión" también figura en su estatuto, pero la definición está aún por precisar.

Al contrario de los tribunales creados "ad hoc" para juzgar los crímenes cometidos durante un conflicto en particular, como el Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia, las competencias de la CPI son intemporales.

Funcionamiento

La Corte puede ser solicitada por Estados firmantes del Estatuto de Roma. Su fiscal también puede tomar la iniciativa de investigar un asunto.

En ambos casos, la jurisdicción de la Corte sólo puede ejercerse en el territorio de un Estado firmante del Estatuto de Roma. Su jurisdicción se ejerce sea cual sea la nacionalidad del presunto autor de los crímenes.

El Consejo de Seguridad de la ONU también puede recurrir a la CPI. En ese caso la jurisdicción de la Corte puede extenderse a un Estado no firmante del Estatuto de Roma, como es el caso en la investigación sobre Darfur.

Un Estado que no haya ratificado el Estatuto puede aceptar la jurisdicción de la CPI en un caso en particular.

En virtud del principio de complementariedad, la Corte sólo podrá intervenir si la justicia nacional no puede o no quiere tratar de manera adecuada los crímenes que corresponden a la jurisdicción de la CPI.

La jurisdicción de la CPI no es retroactiva, por eso la CPI sólo puede juzgar crímenes perpetrados a partir del 1 de julio de 2002.

Casos y sospechosos

El fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, lanzó investigaciones en cuatro países africanos: la República Democrática del Congo, (RDC), Uganda, Sudán y la República Centroafricana. De momento ha emitido doce órdenes de arresto y sigue buscando a siete sospechosos fugados.

Cuatro congoleños han sido detenidos y conducidos al centro de detención de la CPI en La Haya: los jefes de milicias Thomas Lubanga, Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, acusados por su responsabilidad en la guerra civil de Ituri (este de la RDC) desde 1999, y el ex jefe rebelde y luego vicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, por los crímenes cometidos por sus hombres en la República Centroafricana.