El Presidente de la República dijo varias veces esta semana que su gobierno no tenía la intención de conservar los canales de televisión TC y Gamavisión, pero el jueves Ricardo Patiño reconoció que no habían descartado esa posibilidad. Esta aparente contradicción no es casual. Como siempre, todo dependerá de las encuestas.
Si lo que le interesa al Gobierno es hacer propaganda, la pregunta que seguramente harán sus encuestadores será una sola: “¿Está usted de acuerdo con la incautación a los hermanos Isaías?”. Porque la respuesta sería un obligado Sí.
¿A quién no se le revuelve el estómago al recordar el papel de los ex propietarios del Filanbanco en la crisis bancaria?
Pero junto con eso convendría saber qué opina la población del otro aspecto de este asunto: “¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno haya acaparado tres noticiarios de televisión al inicio de una campaña electoral?”.
En todo este incidente, dos derechos se hallan en conflicto. El primero es el derecho del Estado a recuperar una parte del dinero que perdió durante la crisis bancaria. El otro, el derecho de los ciudadanos a un proceso electoral limpio. Dicen los expertos que cuando se producen estos apremios debe darse prioridad a la postura que más aporte al bien común. Y es obvio –creo yo– que el futuro del país se juega en la aprobación o no de una nueva Constitución, que le impondrá una dirección buena o mala al Ecuador. Pero solo con el tiempo sabremos si el Gobierno consiguió convencer a los ciudadanos de lo contrario.
El conflicto entre estos dos derechos no era inevitable. Muy distinto hubiese sido si el Gobierno hubiese adoptado la misma decisión hace año y medio, o en cualquier otro momento en que conquistar votos no fuese tan decisivo. Pero en lugar de actuar inmediatamente contra los banqueros corruptos, Correa empleó el tiempo en enjuiciar al diario La Hora, prohibió la difusión de videos que podrían dañar su imagen, montó un canal de televisión y un diario que responden a su línea incondicionalmente, y acusó de “bestias salvajes” a los periodistas.
Según el Primer Mandatario, el retraso se debió a que necesitaba reunir los fundamentos legales del caso. Pero eso no es cierto, porque recién le pidió a la AGD que diseñe una estrategia en una reunión del 26 de junio, lo que quiere decir que todo el operativo se armó en menos de quince días.
Por último, Correa se ha defendido con un argumento insultante: ¿Qué quieren, entonces, que si un narcotraficante compra un medio de comunicación, no lo toquemos porque sería un ataque a la libertad de expresión? Extraño argumento este para un mandatario que acaba de conseguir que se libere a quienes transportaron hasta cuatro libras de cocaína.
Pero contestémosle a Correa. En política, los tiempos son más importantes que en gramática. Si yo tengo hambre y digo “tuve hambre”, me quedaré sin comer. Del mismo modo, para caerles encima a los delincuentes hay que buscar el momento adecuado, y por eso no me cabe ninguna duda de que acaparar tres canales de televisión y una radioemisora, justo al inicio de la elección más difícil que ha debido afrontar el Presidente, no es otra cosa que un atentado a la libertad de expresión.